SECTOR NÁUTICO

ANÁLISIS

La náutica necesitará ayuda para remontar la crisis del coronavirus

El parón total de la actividad provocado por el COVID19 exige generosidad de los gobiernos y una rebaja urgente de cánones por parte de los organismos portuarios. Más de 2.300 familias se juegan su futuro en esta partida.
JOSÉ LUIS MIRÓ

La crisis del coronavirus -la situación más excepcional por la que ha pasado España desde la llegada de la democracia- ha tenido consecuencias en todos sectores y actividades económicas. La industria náutica, que mantenía una cierta fortaleza a pesar de los indicadores que advertían de una posible nueva recesión antes del estallido de la emergencia sanitaria mundial, no ha sido una excepción.



La actividad ha quedado reducida a mínimos tras la orden de confinamiento. Los puerto permanecen abiertos únicamente al tráfico de mercancías. Los ferrys no pueden transportar pasajeros y los cruceros turísticos tienen prohibida la entrada. Tan sólo los varaderos siguen abiertos, pero muchas empresas proveedoras de servicios de mantenimiento de embarcaciones han decidido dejar de trabajar para garantizar la seguridad de sus plantillas. Denuncian que es imposible asegurar que se respeten las distancias mínimas para evitar el contagio entre trabajadores.



Las medidas aprobadas por el Gobierno central y autonómico suponen la paralización de toda actividad de ocio o recreativa. Puertos deportivos, clubes y marinas permanecen cerrados a cal y canto, sin posibilidad de registrar recaladas ni recibir visitas por tierra. La limitación de circulación a desplazamientos por razones laborales o para adquirir alimentos, fármacos o recibir asistencia sanitaria impiden que los socios y usuarios accedan a los puertos. Los barcos de recreo no pueden navegar. Y sólo se permite la entrada de embarcaciones de este tipo por razones de fuerza mayor, médicas o humanitarias. Un número sin concretar de tripulaciones permanecen confinadas en sus yates, lo que está permitiendo que las consignatarias mantengan una parte de su actividad.



La Autoridad Portuaria de Baleares y Ports IB tardaron varios días en explicar de qué manera afectaba el estado de alarma a las empresas náuticas y concesionarios de puertos. Ante esa situación de incertidumbre, los puertos privados optaron por aplicar sus propios protocolos, basados en las restricciones a la libre circulación. Si nadie podía salir de casa, por lógica quedaban prohibidos los desplazamientos a instalaciones náuticas y, por extensión, la navegación de recreo.



Con todo, los concesionarios no tuvieron claro en los primeros días qué debían hacer si, por la razón que fuera, entraba un barco por la bocana. Las dudas quedaron disipadas en sendos comunicados oficiales emitidos los días 17 y 18 de marzo. En ellos se explicaba, en resumen, que la actividad en el mar territorial y en los puertos, ya sean estatales o públicos, queda restringida a los buques de mercancías y pesqueros mientras dure el estado de alarma.


Mallorca Press clipping

DEBACLE ECONÓMICA



Las consecuencias económicas y sociales del parón son de momento incalculables, pero se prevén catastróficas. Para hacer un análisis mínimamente riguroso se requieren datos no disponibles en estos momentos, como cuánto durará la situación (se da por sentado que el Gobierno prorrogará la alarma más allá de los 15 días inicialmente previstos) y hasta cuándo tienen fuelle las empresas del sector para no ir a la quiebra.



Los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) autorizados por el Gobierno, fórmula a la que ya se han acogido numerosas empresas del sector náutico, pueden aliviar mínimamente la presión, pero no garantizan la supervivencia si la crisis se alarga más de la cuenta. El presidente Pedro Sánchez insistió mucho en su mensaje a la nación en la temporalidad de la emergencia, pero "temporal" es un término impreciso que no desvanece la sensación de inseguridad. Por otro lado, muchos subsectores han quedado fuera de lo que el decreto considera "fuerza mayor" y deberán justificar sus ERTES con informes de pérdidas. Hay empresarios que hablan sin ambages de "estafa" y han optado por despedir a sus empleados por vías ordinarias.



La industria vinculada al ocio marítimo lleva años en crecimiento sostenido. Los indicios de ralentización económica previos al coronavirus no afectaban, en principio, a un sector que, según la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), genera un impacto anual de 12.000 millones de euros sobre la producción efectiva total y 4.822 millones de euros sobre el VAB (Valor Añadido Bruto) en la economía española, con 83.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Hay que situarse en el entorno de estas cifras para empezar a calcular lo que está poniendo en juego la crisis del COVID19, cuya propagación afecta ya a todo el mundo, con una especial incidencia en China (foco del virus), Italia, Irán, España, Alemania, Francia y Reino Unido. 



El mayor problema, coinciden la mayoría de empresarios consultados, está en que no será suficiente que España remonte. Para regresar a un escenario de relativa normalidad hará falta que, además, los países de nuestro entorno superen sus respectivas crisis con el suficiente ánimo para seguir consumiendo los productos que les ofrece la náutica española, y la balear en concreto. Un dato: todas las reservas de charter náutico de Mallorca han sido canceladas hasta el mes de junio. En este subsector se da la temporada por perdida. O se reciben ayudas directas para el mantenimiento de las flotas y el pago de los cánones de los amarres -en los casos de las estaciones de alquiler- o “esto no habrá quien lo levante”, según afirma un empresario del ramo.



LA HORA DE REBAJAR LOS CÁNONES



Las asociaciones sectoriales han mantenido un perfil bajo y escasamente reivindicativo en los primeros compases de la cuarentena. Han considerado que no era el momento de hacer reclamaciones particulares cuando la situación general exige “unidad y solidaridad”. No obstante, dan por sentado que los organismos gestores de los espacios públicos donde se desarrolla la actividad náutica (puertos deportivos y otras instalaciones) van a tener que plantearse una “adecuación al escenario” derivado de la crisis del coronavirus. Este es el eufemismo que se está empleando estos días de desconcierto generalizado para hablar de la rebaja de cánones que tarde o temprano exigirán los concesionarios. 



El argumento es poderoso: tanto la Autoridad Portuaria de Baleares, dependiente del Ministerio de Fomento, como la empresa pública Ports de les Illes Balears (Ports IB), que opera bajo el paraguas de la Conselleria de Territorio, Vivienda y Movilidad, han dado pingües beneficios gracias a la elevada cuantía de los alquileres que cobran a las empresas gestoras de marinas y clubes náuticos. Tanto es así que los puertos autonómicos de Baleares han sufragado con 10 millones de euros el Servicio Ferroviario de Mallorca, mientras que la APB, cuya competencia abarca a las cinco instalaciones de interés general (Palma, Mahón, Ibiza,  Alcúdia y Fomentera), gana de media cada año unos 20 millones.  



Con los puertos parados, planteándose ERTES, y sin los ingresos provenientes de los amarres en tránsito y de los patrocinios de eventos deportivos cancelados, los cánones serán impagables. Si los gobiernos central y autonómico no aceptan negociar una rebaja efectiva a corto plazo, en justa correspondencia al esfuerzo solidario que exigen a los ciudadanos, la industria náutica estará gravemente herida. Más de 2.300 personas son trabajadoras directas de puertos deportivos, empresas y varaderos en Baleares. Su futuro y el de sus familias se juega en esta partida.