CORONAVIRUS

Autónomos y pequeños empresarios se ven obligados a trabajar en los varaderos contra su voluntad

El mantenimiento legal de la activad en el sector de la reparación coloca a numerosas pymes y trabajadores por cuenta propia en la tesitura de decidir si se arriesgan al contagio del COVID-19 o pierden a sus clientes. No se les reconoce la “fuerza mayor” para cerrar temporalmente sus empresas. La APB se lava las manos y le pasa la pelota al Govern balear
JOSÉ LUIS MIRÓ

Un número sin determinar pero elevado de operarios del sector de la reparación de yates sigue yendo a trabajar cada día a los diferentes varaderos de Baleares pese a la orden general de confinamiento. Esta situación, muy llamativa si se tiene en cuenta que puertos deportivos y otras instalaciones náuticas permanecen cerradas al público y siguen activas únicamente a través de teletrabajo o con pequeños retenes de seguridad y marinería, se explica por la sencilla razón de que el decreto de alarma prohíbe la navegación de recreo pero no contempla la clausura de los astilleros.



La Autoridad Portuaria de Baleares (APB), en cuyos terrenos están ubicados los mayores centros de mantenimiento de embarcaciones, manifiesta por boca de su portavoz oficial que la seguridad de los trabajadores es una responsabilidad estrictamente empresarial. “Tanto el titular del centro de trabajo como  los profesionales que desarrollan su actividad en estas áreas deberán adoptar todas las medidas necesarias de prevención y seguridad para evitar los contagios”, señala la APB, que a renglón seguido recuerda que “las competencias en materia de cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo son de la Consejería de Trabajo”. Es decir, que corresponde al Govern balear cerciorarse, mediante inspecciones, de que los operarios y los empresarios siguen los protocolos. 


Mallorca Press clipping

La realidad, según ha denunciado de manera reiterada el empresario Álex Casares, cofundador de la empresa de mantenimiento Grupo Barco, quien ha decidido parar “por responsabilidad”, es que la situación está descontrolada: “A falta de respuestas y soluciones, algunas empresas y autónomos vuelven a sus puestos de trabajo temiendo que en lugar de ERTE van a tener que hacer un ERE. Empresarios me dicen que tienen miedo de volver porque los yates, muchos de ellos con carpas donde  se cruzan e interactúan continuamente tripulación y trabajadores, son un foco claro de contagio que no se puede controlar”.



Casares, erigido en los últimos meses en portavoz oficioso de una parte del sector no asociado o descontento con la labor de sus patronales, razona su posición: “Nosotros seguiremos sin actividad para seguir protegiendo a nuestros trabajadores y sus famílias, ya que no disponemos de mascarillas EPI, y en caso de que los tuviéramos, las donaríamos a hospitales, que es dónde lo necesitan y no mis trabajadores para que vayan a apretar tornillos, ya que no es el momento”.



Hay dos aspectos que, siempre según la versión de Casares, explican que algunas pymes hayan optado por asumir el riesgo de acudir al trabajo: por un lado, la imposibilidad de justificar la “causa mayor” ante las autoridades laborales a fin de ejecutar ajustes temporales en las plantillas (ERTE); por otro, la presión de algunos armadores, que han amenazado a las empresas que trabajaban para ellos con ir a su competencia si deciden parar. Gaceta Náutica ha recogido varios testimonios de autónomos que reconocen que se sumarían al confinamiento, pero no pueden hacerlo porque el Gobierno permite la actividad en los varaderos y, por tanto, nada justifica que dejen de cumplir sus compromisos contractuales. Una situación sin duda perversa en la que la economía se está anteponiendo a la salud, sin que los trabajadores autónomos, las empresas y los propios varaderos (que instan a través de sus redes sociales a quedarse en casa) puedan hacer nada.