CRISIS ECONÓMICA

La presión de Més y Podemos impide el apoyo del Govern a la náutica

Los socios minoritarios tumban un decreto que fomentaba la creación de varaderos de construcción de barcos en Baleares
JOSÉ LUIS MIRÓ

Donde dije digo, digo Diego. En apenas dos semanas, el Govern balear, presidido por la socialista Francina Armengol, ha pasado de autorizar la construcción de varaderos en suelo rústico –incluso en paisajes protegidos–, con el fin de «reactivar la economía» hundida por la crisis del Covid-19, a acordar con sus socios comunistas (Podemos) e independentistas (Més) la derogación de dicha norma.


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No habrá finalmente legalización de las marinas secas situadas en suelo rústico y menos aún posibilidad de crear nuevos astilleros de reparación, mantenimiento, y construcción de embarcaciones en Baleares.



El espejismo ha durado desde el 13 hasta el 24 de mayo, fechas comprendidas entre la publicación del decreto que daba luz verde a la medida –del que informó en exclusiva Gaceta Náutica en su edición digital del pasado día 20– y el anuncio de su rectificación, aparecido en la edición impresa del diario Última Hora



En esto 11 dias se ha transmitido la sensación de que el ejecutivo autonómico estaba dispuesto a potenciar el sector náutico industrial, pero la realidad  que se ha impuesto es otra y ha venido a corroborar dos cosas: una, el desproporcionado poder que ostentan los partidos minoritarios que dan soporte a la presidencia de Armengol; y dos, la poca atención que éstos prestan a lo que se discute en el Consejo de Gobierno (el equivalente autonómico al Consejo de Ministros), de donde surgió la iniciativa plasmada por escrito y publicada bajo el título de «Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa», devenida a la postre en papel mojado



Gaceta Náutica trató infructuosamente de recabar la opinión de Més per Mallorca, partido que dirige las consejerías de Medio Ambiente y Asuntos Sociales, sobre el decreto del día 13, pendiente entonces de ratificación en el Parlament balear. Su responsable de prensa  respondió el 20 de mayo con un «lo miro y te digo», pero no ha vuelto a dar señales de vida. Cuatro días después, Última Hora publicó una pieza sobre el cambio de criterio y lo atribuyó a las tensiones entre el PSOE y sus socios: «Las presiones para eliminar la posibilidad de legalizar las marinas secas se habrían ejercido desde Més y Podemos. El PSOE, que era quien planteó la legalización de estos negocios, habría cedido». 



Según consta en el preámbulo del decreto rectificado, disponible en la página web del ejecutivo, la luz verde a los varaderos pretendía «potenciar el sector especializado en la construcción y mantenimiento e embarcaciones» a través de un  «procedimiento urbanístico extraordinario».



No se trataba, no obstante, de una medida de aplicación automática. La petición debía surgir de ayuntamientos que no hubieran previsto otros usos para estas áreas en sus planteamientos urbanísticos y seguir la tramitación habitual (declaración de impacto ambiental y paisajístico, exposición pública e informe de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio), además de garantizar la conexión vial con el puerto más cercano tras la realización del pertinente estudio de movilidad.



Los sistemas generales de infraestructuras y servicios específicos contemplados en el decreto tumbado por Més y Podemos se podían delimitar «en cualquier tipo de suelo», lo que incluía el calificado como «rústico común».



En el caso de municipios con más del 90% de suelo rústico protegido, los varaderos también se permitían en «áreas rurales de interés paisajístico que no fueran de naturaleza boscosa», siempre que el promotor adoptara «medidas compensatorias equivalentes para incrementar las superficies de suelo rústico protegido o incrementar el nivel de protección de éste». La construcción de edificios se limitaba a 0,1 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo y debía reservarse un 10% de la superficie a uso público gratuito. Se prohibía, asimismo, el uso residencial y turístico.  



La reparación y mantenimiento de embarcaciones en Baleares se desarrolla en la actualidad en espacios portuarios, donde también se ofrecen servicios de travelift (grúa) y de varada. La actividad se concentra mayoritariamente en el puerto de Palma, uno de los puntos neurálgicos del refit de embarcaciones de gran eslora en el Mediterráneo. La intención del Govern es extender esta industria por todo el territorio balear a fin de diversificar la economía de la provincia.



El mantenimiento de barcos ha sido uno de los pocos sectores que ha permanecido activo durante el estado de alarma, a excepción de los 15 días del cerrojazo total. Los varaderos de la capital balear trabajan a buen rendimiento, si bien acusan todavía las restricciones a la movilidad marítima ordenadas por el Gobierno central.