CRISIS

La APB quiere cobrar el «tasazo» por reparar barcos en plena pandemia

Todo el sector náutico industrial se rebela contra el afán recaudador del organismo portuario y censura que «pretenda ser pionero en la exacción de la tasa»
JOSÉ LUIS MIRÓ

El sector náutico industrial de Baleares ha presentado hoy un escrito ante la Autoridad Portuaria de Baleares, dirigido a su presidente, Juan Gual de Torrella, en el que solicita la suspensión de la tasa de Puertos del Estado que grava con un porcentaje de entre el 1 y el 3% la facturación de los trabajos realizados en los varaderos y puertos deportivos de Palma, Alcúdia, Mahón, Ibiza y La Savina.


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La implantación de esta “mordida” fue motivo de una gran polémica el pasado mes de diciembre, tras revelar Gaceta Náutica que había sido aprobada por el Consejo de Administración de la APB con el consentimiento de las patronales.



Las asociaciones de empresas náuticas, de actividades marítimas y de grandes yates, así como la Cámara de Comercio y la patronal CAEB, alegan ahora que la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 hace necesaria la toma de medidas urgentes que garanticen la supervivencia de la actividad que se desarrolla en las instalaciones portuarias, y advierten de que el Pliego de Condiciones Particulares del Servicio Comercial de Reparación y Mantenimiento de Buques y Embarcaciones (nombre oficial del tasazo) “tendrá un gran impacto negativo en el sector”.



Los firmantes del escrito señalan: “No es comprensible que por un lado se aprueben normas tendentes a minimizar el impacto económico de la crisis y a su vez la Autoridad Portuaria de Baleares pretenda ser pionera en la exacción de una tasa”.



Denuncia asimismo que la norma no reúne los requisitos mínimos de seguridad jurídica, al utilizar conceptos genéricos e indeterminados: “Se quieren aplicar de forma apresurada unos pliegos que carecen de los requisitos esenciales que marca la ley y en plena situación de emergencia de salud pública”.



Los empresarios afean a la APB que se haya propuesto cobrar la tasa a partir del 1 de julio, cuando “todas las actuaciones que están llevando las diferentes administraciones públicas tienen por finalidad apoyar la actividad económica”. A pesar de esta política generalizada de soporte a los sectores industriales, “resulta que la APB pretende instaurar una nueva tasa sin valorar el impacto que tendrá para el sector” y tomando como referencia “informes justificativos realizados con anterioridad [a la  crisis del Covid-19], en plena época de bienestar”, subraya la carta, en la cual se reclama que la suspensión de la tasa sea tratada en el orden del día del consejo de administración telemático que tendrá lugar mañana, miércoles 27 de mayo.



Se da la circunstancia de que APEAM, una de las asociaciones que rubrican el escrito remitido a Juan Gual, está presidida por Miguel Puigerver Llobera, quien a su vez es consejero y vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares.