CORONAVIRUS

La APB ignora las quejas del sector y aprueba la tasa por reparar barcos

Juan Gual aduce que la actividad no se ha visto afectada por el Covid-19 y se enfrenta a su vicepresidente, Miquel Puigserver, que vota en contra de la nueva «mordida»
JOSÉ LUIS MIRÓ

No habrá aplazamiento ni suspensión de la “mordida” por trabajar en los varaderos y puertos deportivos de Palma, Alcúdia, Mahón, Ibiza y  Formentera. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) aprobó ayer la implantación del Pliego de Condiciones Particulares del Servicio Comercial de Reparación y Mantenimiento de Buques y Embarcaciones a partir del 1 de julio, en plena crisis por la pandemia de Covid-19 y desoyendo la petición unánime del sector para suspenderla. La nueva tasa gravará con un 1% la facturación de cualquier trabajo realizado en suelo bajo competencia de Puertos del Estado.


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La decisión del consejo fue adoptada por mayoría absoluta, con el voto en contra de la representante de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, y del presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Actividades Marítimas (APEAM), Miquel Puigserver, quien también ocupa el cargo de vicepresidente de la Autoridad Portuaria. El presidente de la Cámara de Comercio, Antoni Mercant, se abstuvo, y el resto de consejeros, entre los que se encuentran representantes políticos del Govern balear, los consejos insulares y los ayuntamientos, dieron su visto bueno. El idélogo de la polémica tasa es el ex presidente de Puertos del Estado en la última legislatura del PP, José Llorca, hoy representante de la Administración General del Estado en el consejo portuario balear.



El sector náutico industrial de Baleares presentó el martes un escrito ante la APB, dirigido a su presidente, Juan Gual, en el que solicitaba la suspensión de la tasa dada la situación de crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.



Los firmantes del documento (asociaciones de grandes yates, empresas náuticas y patronales) calificaban de “incomprensible” que el organismo portuario “pretenda ser pionero en la exacción de una tasa” mientras las demás administraciones públicas “aprueban normas tendentes a minimizar el impacto económico” de la Covid-19.



Según ha podido saber Gaceta Náutica, Juan Gual sostuvo durante la reunión del consejo que acordar la suspensión de la tasa hubiese significado incurrir en un delito de prevaricación, ya que es una medida fiscal que viene recogida en la Ley de Puertos del Estado, y añadió que el sector de la reparación y mantenimiento no está en crisis, pues no ha dejado de trabajar (excepto 15 días) durante el confinamiento. Esta última apreciación ha causado indignación entre los empresarios, que cifran en un 50% la reducción de la actividad.



Gual tuvo el apoyo de la mayoría de consejeros, pero su posición le enfrenta por primera vez desde que llegó al cargo con uno de los sectores más potentes e influyentes de la náutica balear, según se deduce del voto negativo de la CAEB, donde están integradas la mayoría de empresas náuticas, y de APEAM, la asociación a la que pertenecen los principales varaderos y astilleros de Baleares.



Juan Gual nunca se había topado en el consejo de administración con el rechazo de su vicepresidente y mano derecha, Miguel Puigserver, histórico líder de los consignatarios y de la patronal portuaria, que en breve debe afrontar su reelección.



Los empresarios no entienden que la APB decida cobrar la mordida, aunque sea del 1%, cuando “todas las actuaciones que están llevando las diferentes administraciones públicas tienen por finalidad apoyar la actividad económica” y denuncian que se instaure, además, “sin valorar el impacto que tendrá para el sector” y tomando como referencia “informes justificativos realizados con anterioridad [a la  crisis del Covid-19], en plena época de bienestar”.



Otro aspecto en el que hacen hincapié los empresarios de la reparación de barcos es en “la falta de proporcionaldad” de la tasa, que no existe en los puertos de competencia autonómica, así como en la carencia de una plataforma para recaudarla: “La han aprobado y no saben ni cómo aplicarla”.