SECTOR NÁUTICO

REGISTRO

Detienen a Juan Gual en una operación contra la corrupción en la Autoridad Portuaria de Baleares

El acceso a las sedes del organismo portuario está bloqueado en Palma, Mahón e Ibiza para evitar la destrucción de pruebas
JOSÉ LUIS MIRÓ

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) vuelve a estar en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas licitaciones ilegales. La Guardia Civil inició anoche una operación en la sede del organismo público en la que fueron detenidos su presidente, Juan Gual de Torrella; su vicepresidente, Miguel Puigserver; su director, Juan Carlos Plaza, y los funcionarios Armando Parada, responsable de la división de proyectos y obras, y Fernando Berenguer, jefe de explotación y servicios. La noticia ha sido adelantada esta mañana en primicia en la portada del diario Ultima Hora. 



Puigserver ha quedado en libertad con cargos esta tarde. Se le imputan los delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración pública. También ha trascendido la imputación de una abogada del Estado.


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Gaceta Náutica pudo comprobar anoche, ante los rumores de que se podía estar realizando un registro, que el edificio principal de la Autoridad Portuaria de Baleares ya estaba siendo custodiado por dos guardias civiles de paisano.



Al ser preguntados por un redactor de este periódico, le pidieron que se identificara –confirmando así su condición de agentes de la autoridad–, pero rechazaron ofrecer ninguna información. Al parecer, su misión era evitar la entrada de cualquier trabajador en las oficinas antes de los registros que se realizarán a lo largo del día de hoy. A esas horas, Juan Gual y el resto de detenidos ya se encontraban en las dependencias de la Comandancia de Palma. El presidente y el director fueron apresados en el aeropuerto, a su llegada de un viaje de trabajo.



La causa está bajo secreto y lo único que ha trascendido de manera oficiosa es que guarda relación con la adjudicación de unos amarres en Menorca, donde estaría el origen de la investigación, y otras licitaciones en Ibiza y Mallorca. También se investigan los motivos de la renuncia de un consejero de la APB hace unos años.



Además de la sede central en Palma, la Guardia Civil mantiene bloqueado el acceso a los edificios oficiales de la APB en Mahón e Ibiza. Se trata, pues, de una redada que afecta al conjunto de los puertos de interés general de Baleares. Los funcionarios se concentran en las puertas de las tres sedes sin poder acceder a sus puestos de trabajo. Juan Gual, representado por el abogado Eduardo Valdivia, ha sido trasladado esta mañana al edificio principal de la APB, ubicado en el Moll Vell de Palma, para acompañar a la comisión judicial durante el registro. Según fuentes próximas a la investigación, se ha acogido a su derecho a no declarar. Sus subordinados han optado también por guardar silencio, alegando que desconocen los cargos presentados en su contra al estar la causa secreta. Las intervenciones han sido autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, cuya titular es la magistrada Martina Mora.



La operación judicial se inició hace varios meses y está dirigida por la fiscal Laura Pellón. Durante este tiempo, la unidad de policía judicial de la Guardia Civil ha recabado información de diversos testigos, a los que ha emplazado a mantener la máxima discreción para no entorpecer las pesquisas. Dichos informantes fueron preguntados por su conocimiento sobre asuntos muy diversos, todos ellos vinculados a la gestión de puertos.



En los últimos días ha circulado en medios portuarios una información no contrastada sobre la inminencia del dispositivo anticorrupción, lo que podría haber provocado que éste se precipitara, con el fin de evitar la destrrucción de pruebas.



Juan Gual tomó posesión como presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (ente público que gestiona un presupuesto anual de 60 millones de euros)  el 14 de agosto de 2015, tras ser elegido personalmente para el cargo por la presidenta balear, Francina Armengol, a la que le une una indisimulada amistad. 



SEGUNDO CASO EN DIEZ AÑOS



El de anoche fue el segundo gran registro en la APB por supuestos delitos relacionados con la corrupción. Hace nueve años y medio, en diciembre de 2010, el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma autorizó una intervención policial en la antigua sede de la institución. Aquella operación constó de dos batidas (en días distintos), ya que se habían ocultado pruebas e incluso reseteado ordenadores, según denunció el Cuerpo Nacional de Policía en un informe.



El caso, denominado Mar Blau, se saldó con las condenas del antiguo director de la APB, Angel Matías, y el ex presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, por manipular concursos públicos. La Fiscalía, dirigida en aquella ocasión por Juan Carrau, llegó a un acuerdo de última hora con los acusados tras haber solicitado durísimas penas de cárcel.



El juez de instrucción hizo constar en su auto de procesamiento del caso Mar Blau que la corrupción en la institución que gestiona los puertos de interés general en Baleares era "sistémica" y los delitos investigados representaban un pequeña parte de los seguramente prepetrados. A pesar de esta contundencia, en el juicio, celebrado en enero de 2019, se acordaron penas sustituibles por multas simbólicas.



El rebrote del caso APB, que cerró en falso el caso Mar Blau, ha coincidido con la reciente polémica en torno a la adjudicación de un varadero en el puerto de Ciutadella a una empresa vinculada a la familia de Díaz Ferrán. Aunque se trata de un concurso instado por el organismo Ports IB, que gestiona los puertos autonómicos y que, por tanto, no tiene nada que ver con la APB, se han puesto sobre la mesa por parte de una de las empresas licitadoras cuestiones que surgen habitualmemnte en las licitaciones portuarias del Estado, como el enorme peso de las ofertas económicas a la hora de valorar las ofertas y la presentación de proyectos que supuestamente no responden a la realidad del mercado. La APB y Ports IB son entes distintos, pero comparten a buena parte de los miembros de sus respectivos consejos de administración.