OPINION

CARTA DE LA DIRECTORA

Fondeaderos ilegales y falta de amarres

El fondeo, aunque sea ilegal, se viene realizando desde hace décadas y permite el acceso al mar de personas que no pueden permitirse un amarre o llevan años esperando a que se les asigne uno en algún puerto de gestión directa.
Elena Pipó

Todo el mundo sabe que en Baleares, a pesar de tener más de 50 puertos deportivos, hay más barcos que amarres. Muchas de estas embarcaciones, de pequeña eslora, pasan en invierno en garajes o solares y, en cuanto llega la temporada alta, se amarran a un muerto; es decir, a un bloque de hormigón arrojado al mar. Esta práctica se viene realizando desde hace décadas y, a su manera, desempeña una función social y permite el acceso al mar de personas que no pueden permitirse un amarre o llevan años esperando a que se les asigne uno en algún puerto de gestión directa. 


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Pero es ilegal –en tanto supone una ocupación no autorizada del espacio público, igual que si uno decidiera, por ejemplo, instalar una pérgola fija en una playa para su uso particular– y puede acarrear multas de hasta 3.000 euros. 

Las leyes están hechas para cumplirse, aunque no nos gusten, y no hay motivo para criticar en este sentido la actuación de la Guardia Civil, cuya obligación es denunciar. Esto ha de quedar claro. Donde sí creo que hay margen para reprochar esta especie de campaña de ordenación encubierta es en la forma. Cuando una práctica irregular es consentida por la administración durante tantos años –años en los que quienes debían hacer que se cumpliera la ley han mirado para otro lado–, lo normal es establecer un periodo de moratoria y advertir a quienes están infringiendo la norma. 

En pocas palabras, que antes de multar se debería haber avisado a los amarristas ilegales a través de los medios de comunicación y las asociaciones náuticas, para que buscaran una solución en un determinado periodo de tiempo.

Según los testimonios que hemos podido recabar en el último mes, parece que la estrategia policial ha consistido en multar de manera aleatoria  (al menos 18 denuncias han llegado a la Demarcación de Costas, pero podrían ser más) para que «corra la voz» y los propietarios de los barcos decidan levantar el fondeo por miedo a ser sancionados. Decididamente, esto no es manera de hacer cumplir la ley, por la sencilla razón de que la arbitrariedad también está fuera de la ley. O se multa a todo el mundo o no se multa a nadie. O, como hemos dicho, se marcan unos plazos para adaptarse a la normativa y a partir de que se cumplan se abren los expedientes que hagan falta.

Los fondeaderos, mientras no exista equilibrio entre oferta y demanda de amarres –y esto no es algo que se vaya a resolver a corto plazo–, son necesarios, de modo que el debate debe enfocarse a cómo regularlos. La fórmula que mejor funciona es conceder una autorización al puerto deportivo más cercano –ya sea club o marina, de gestión directa o concesión– para que se haga cargo de las boyas y las alquile a precios razonables, se ocupe de su mantenimiento, garantice su menor impacto ambiental y ofrezca servicios, como la recogida de basura y la posibilidad de vaciar los tanques de aguas grises de acuerdo con lo que establece la Ley. En Andratx hace años que se puso en práctica este sistema y funciona. Sólo hay que instaurarlo en el resto del litoral. 

Ports IB tiene la pelota en su tejado. La Demarcación de Costas ya ha dejado claro que la regulación debe realizarse desde la administración autonómica. A ver si el verano que viene ya lo tenemos resuelto.