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FISCALIDAD

El Parlament balear rechaza instar a Puertos la retirada del tasazo a las empresas náuticas

La proposición no de ley del Grupo Popular que pedía también negociar su derogación no tuvo el apoyo suficiente
MALLORCA PRESS

El Parlament balear rechazó ayer una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular con la que se pretendía instar a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) a aplazar la implantación del “tasazo” sobre servicios de reparación de embarcaciones en los puertos de Palma, Alcúdia, Mahón, Ibiza y Formentera.



La propuesta del PP pedía, asimismo, que la APB consensuara con las patronales y la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares (AENIB) la posible derogación de esta tasa dada la situación de crisis actual.


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El tasazo está en vigor desde el pasado mes de julio, gravando con un 1% de la facturación cualquier trabajo realizado en los puertos de interés general de Baleares.



La votación del pliego por parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que tuvo lugar el pasado 27 de mayo, resultó poco usual, pues rompió la placidez habitual de estas reuniones donde prácticamente todas las resoluciones se aprueban por unanimidad.



El pliego contó con el voto en contra de la representante de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, y del presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Actividades Marítimas (APEAM), Miquel Puigserver. El presidente de la Cámara de Comercio, Antoni Mercant, se abstuvo, mientras que el resto de consejeros dieron su visto bueno.



El sector náutico industrial de Baleares ha solicitado de forma reiterada en los últimos meses la suspensión de la tasa dada la situación de crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.



Las empresas que quieran trabajar en los varaderos están obligadas, antes de iniciar su actividad, a presentar “una garantía, a favor del presidente de la Autoridad Portuaria”, por un importe que irá de los 1.500 a los 10.000 euros en el caso de la autorización permanente y de 150 a 1.000 euros por mes para las autorizaciones temporales.



La cuantía de esta garantía, que se constituye en metálico, mediante aval bancario o de compañía de seguros, se establece en función del número de trabajadores de la empresa y es exclusiva para cada puerto, así que las empresas deben pagar una por cada puerto en el que deseen operar.



El sector náutico se queja también de la burocracia que supone la aplicación del pliego pues, además del pago sin que exista una plataforma para recaudarla, para conseguir la autorización permanente se debe presentar numerosa documentación de la empresa, certificados de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, el Impuesto sobre Actividades Económicas y homologar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en la a la Oficina de Coordinación de Actividades Empresariales de la APB.