MEDIO AMBIENTE

EXCLUSIVA

Caso vertidos: el Govern conocía el problema pero hizo la vista gorda

La Guardia Civil entrega al Juzgado un informe demoledor que revela la omisión de las administraciones públicas ante la situación de los emisarios de aguas residuales. No impusieron ni una sola multa contra EMAYA pese a carecer de autorización de vertidos desde 1989
JOSÉ LUIS MIRÓ

Las administraciones públicas  –Govern balear y Ayuntamiento de Palma– sabían lo que estaba pasando con los vertidos de aguas residuales al mar, eran plenamente conscientes de su impacto sobre el medio ambiente, conocían, incluso, la situación de ilegalidad de algunas de sus instalaciones. Pero hicieron la vista gorda. 



Esta es, en síntesis, la conclusión de un contundente informe presentado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ante el Juzgado de Intrucción número 7 de Palma, que investiga si las reiteradas omisiones de funcionarios y políticos en el asunto de los vertidos contaminantes al mar son constitutivas de un delito de prevaricación.


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El dictamen policial, a cuyo contenido ha tenido acceso en primicia Gaceta Náutica, se hace eco de otro informe aportado al sumario sobre un presunto delito medioambiental que instruye el Juzgado número 12, y en el que aparece como investigada, entre otros, la actual regidora de Urbanismo de Palma, Neus Truyol.



La Guardia Civil se pronuncia sobre tres cuestiones a  instancias del juez: a) la contaminación provocada por vertidos de aguas residuales, b) el grado de conocimiento de las administraciones y c) la existencia, si la hubiere, de expedientes sancionadores. Y en los tres casos salen muy mal parados los gestores públicos del saneamiento del agua. Los vertidos son letales para el medio ambiente, los poderes públicos lo saben  desde hace años y, a pesar de ello, no ha sido multada una sola depuradora pública. Este dato contrasta con las 212 propuestas de sanción por fondeos irregulares tramitadas desde la entrada en vigor del decreto de protección posidonia, en julio de 2018. Esta normativa ignora casi por completo la problemática de las depuradoras públicas y fija todas sus actuaciones sobre el uso del ancla. 



El informe del Seprona es fruto de una «compleja investigación» en la que la Guardia Civil ha contado con la colaboración del Instituto Español de Oceanografía y la Unidad Técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente. 



Los daños detectados son de una magnitud insospechada. La comparativa de cartografías entre 1989 y 2012 apunta a una reducción de 205 hectáreas de posidonia en la Bahía de Palma, lo que equivale a la desaparición en esta zona de una quinta parte de esta planta protegida por el efecto de los vertidos de aguas residuales. El Grupo Especial de Actividades Subactuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha comprobado que en la zona del emisario del Torrent Gros sólo quedan «matas muertas» de posidonia, y que a partir de 18 metros las praderas de esta fenerógrama presentan «recubrimientos».





Gaceta Náutica destapó el escándalo de los vertidos en 2016. Las revelaciones periodísticas derivaron en dos procesos judiciales.



La diligencia policial recalca que las aguas residuales urbanas deficientemente depuradas (o sin depurar) «aportan una enorme cantidad de solidos en suspensión, materia orgánica y nutrientes que generan efectos muy negativos sobre las especies bentónicas» y advierte del riesgo que estos vertidos suponen para «la calidad de las aguas, la salud de los bañistas y los ecosistemas que alberga».



Entre las carencias más graves detectadas por los investigadores está la situación «contraria a la ley» del emisario submarino del Torrent Gros, que carece directamente de «autorización de vertido tierra-mar» desde 1989. La documentación aportada por la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillados revela que entre 2003 y 2014 se produjeron más de 1.000 vertidos de aguas sin depurar, a los que hay que sumar otros 220 episodios entre 2014 y 2018. Todos ellos ocurrieron en días de lluvias intensas, en los que las estaciones depuradoras se ven colapsadas.



Al Seprona no le cabe ninguna duda de que tanto el Govern como el Ayuntamiento tenían plena consciencia de lo que estaba pasando con los vertidos. Un documento de la Dirección General de Recursos Hídricos detectó en marzo de 2011 una presión «15 o 20 veces superior a los umbrales establecidos» en el emisario del Torrent Gros y calificó el estado ecológico de la masa de agua superficial de «deficiente».



A pesar de estas conclusiones, nada ha cambiado en los últimos nueve años. La Guardia Civill añade a este respecto que existe unanimidad de la comunidad científica sobre el impacto nocivo del «excesivo aporte de nutrientes» al medio marino, de lo que cabe inferir que los responsables políticos y técnicos de las depuradoras no podían ignorar el problema medioambiental que se traían entre manos. 



Todos los departamentos autonómicos y municipales encargados del saneamiento del agua han reconocido a la Fiscalía o a la Guardia Civil que, pese a la gravedad de la situación, no han iniciado ningún procedimiento sancionador.  El Seprona ha preguntado a tres direcciones generales y la Fiscalía ha hecho lo propio con Emaya. La respuesta siempre ha sido la misma: no hay multas en los archivos. Aunque no habrían faltado motivos.



El informe policial señala al menos tres razones que hubieran justificado la apertura de expedientes sancionares contra EMAYA: una, el incumplimiento durante 31 años de la obligartoria autorización de vertidos; dos, la infracción de los parámetros de aguas residuales regulado en el Real Decreto de de 1996; y tres, la «afectación al hábitat prioritario denominado pradera de posidonia».



En el caso de la Administración Autonómica, el reconocimiento de que no se ha procedido contra ninguna planta depuradora ha llegado por parte de las direcciones generales de Ordenación del Territorio y Paisaje, de Recursos Hídricos, y de Espacios Naturales y Biodiversidad. Todas han tirado balones fuera, alegando diferentes razones para no actuar contra flagrantes infracciones de las que estaban plenamente informadas.  



La Dirección General de Ordenación del Territorio excusó su inoperancia frente a EMAYA en el ánimo de evitar «un enfrentamiento entre administraciones» y en el hecho de estar colaborando con la empresa municipal para dar soluciones a un problema que lleva décadas empantanado.  



La Dirección General de Recursos Hídricos, responsable de velar por el buen estado ecológico de las aguas, también admitió haber hecho  la vista gorda con EMAYA a pesar de conocer «el continuo incumplimiento de los parámetros de vertido», según cita textualmente el informe del Seprona.



Por último, la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad adujo, por un lado, que los vertidos tierra-mar no son de su competencia y, por otro, contradiciendo lo anterior, entregó al Seprona un listado de los expedientes abiertos (41) desde 2007 hasta 2019 por vertidos en zonas de la Red Natura, pero sin especificar su procedencia. No les constaba ninguno contra Emaya.



Los navegantes sacan los colores a la clase política



La Asociación de Navegantes (ADN) Mediterráneo ha tenido que recurrir a la vía judicial para poner sobre la mesa el doble rasero de las administraciones públicas a la hora de perseguir y sancionar las agresiones a la naturaleza. La Conselleria de Medio Ambiente, dirigida los últimos cinco años por Vicenç Vidal y Miquel Mir (Més), se negó a responder las reiteradas solicitudes de los navegantes de Baleares sobre las multas impuestas por la deficiente depuración de las aguas que van al mar.



La falta de transparencia del Govern llevó a ADN a presentar una denuncia de la que finalmente se hizo cargo el Juzgado de Instrucción número 7, cuyo titular requirió a la Conselleria para que informara sobre sus actuaciones frente a los vertidos de aguas residuales. Al mismo tiempo solicitó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil que investigara daños al medio ambiente y, en caso de concretarse, el nivel de conocimiento de las administraciones publicas, así como los expedientes tramitados. El Seprona ha presentado un informe demoledor que confirma todos los peores auguirios de la comunidad de navegantes: los vertidos son devastadores para el medio marino, los políticos y técnicos lo sabían, y no se ha impuesto ninguna multa por este motivo.



Este procedimiento judicial es ajeno al iniciado por el Juzgado número 12 por supuesto delito mediambiental en el que está imputada la regidora de Urbanismo de Palma, Neus Truyol.


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