MEDIO AMBIENTE

CONTAMINACIÓN

Mir descarga en los técnicos la omisión de multar a las depuradoras

“Que un expediente se tramite no depende del político de turno, sino del cuerpo administrativo”, ha asegurado el conseller de Medi Ambient en el Parlament balear.
MALLORCA PRESS

El conseller de Medi Ambient, Miquel Mir, ha descargado hoy en los técnicos la responsabilidad de que su departamento no haya multado a ninguna depuradora pública por los reiterados vertidos de aguas residuales al mar. “Que un expediente se tramite no depende del político de turno, sino del cuerpo administrativo”, ha respondido Mir a la pregunta formulada por el diputado de Vox Jorge Campos sobre por qué razón el Govern ha impuesto más de 200 sanciones por fondeo irregular y ninguna por los vertidos contaminantes, después de que un informe del Seprona de la Guardia Civil estime en 205 hectáreas la regresión de la pradera de posidonia de la Bahía de Palma por esta causa.


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Mir ha comparecido ante la Comisión de Medio Ambiente a requerimiento del grupo parlamentario de Vox a raíz de la publicación del citado informe policial en Gaceta Náutica, en el que se constata, entre otras cosas, que el emisario submarino del Torrent Gros carece de autorización desde 1989, así como la ausencia de expedientes sancionadores por vertidos contaminantes.  Estas diligencias se instruyeron a petición del Juzgado de Instrucción número 7, que investiga si hubo omisión en el deber de denunciar un posible delito contra el medio ambiente. Mir ha confesado no haber leído la información de este diario ni el informe del Seprona, ya que forma parte de una causa judicial y no ha sido remitido a la Conselleria.



El  conseller ha acusado a Campos de querer responsabilizarle de un problema estructural con más de tres décadas de historia. También ha negado que el decreto de posidonia aprobado en 2018 no regule los emisarios que canalizan las aguas residuales al mar –“la disposición adicional cuarta de esta normativa establece cómo han de ser estas infrestructuras”, ha dicho– y se ha escudado en el hecho de que la tramitación del decreto tuvo más de 1.000 folios para justificar que el plazo de cinco años para la adecuación de estas conducciones desapareciera del texto final.





Otra razón alegada para esta supresión ha sido que el Govern no podía invadir con su decreto la normativa de la Ley de Costas, de rango superior. El portavoz de Vox ha recordado en su interpelación que el Centro Económico Social (CES) de Baleares aconsejó que el decreto hiciera referencia expresa a los vertidos de los emisarios. El centro de observación costera de Baleares (SOCIB), por su parte, también censuró que la normativa estuviera enfocada casi exclusivamente en los fondeos.



En cuanto a los vertidos en Palma, Mir se ha excusado en que se trata de una competencia de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillados (Emaya) y se ha quejado de que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) número 2 de Palma fue declarada de interés general por el Estado en 1993, sin que desde entonces se haya resuelto el problema de los vertidos, circunstancia que ha aprovechado para criticar la “dejadez de Madrid” respecto a Baleares. Momentos antes, durante su exposición inicial, ha informado del plan de inversión por valor de 91,7 millones de euros emprendido por el Govern y el Ayuntamiento de Palma para mejorar el saneamiento en Baleares



En otro momento destacado de su intervención, Miquel Mir ha admitido que no es lo mismo dar solución al fondeo que a la cuestión de los vertidos, de mayor envergadura, y ha indicado que el inicio de un expediente sancionador lleva aparejado el cierre de la depuradora. El conseller ha tratado de hacer convivir este argumento con la derivación de la responsabilidad por omisión al “cuerpo administrativo”. Y ha llegado a responder, a preguntas preparadas por su propio grupo parlamentario, que el Govern no tiene ninguna competencia en depuradoras, según la Ley Estatal del Agua. Para concluir, ha rechazado que el decreto de protección de la posidonia criminalice al sector náutico: de 19.000 barcos que fueron obligados a moverse por fondear sobre posidonia, sólo se impusieron 200 sanciones.



El portavoz del partido ecosobernista MÉS, Josep Ferrá, ha vuelto a aprovechar su intervención para acusar a Gaceta Náutica de "parciallidad" en su interpretación del informe del Seprona. Ha eludido referirse a que dicho dictamen fue hecho público también por el diario Ultima Hora, al que no ha dedicado ninguna alusión. Ferrá ya acusó a este medio en el Parlament de estar "envenenado" y de "hacer campaña" contra el decreto de posidonia, palabras  que fueron respondidas en este artículo. 



Ferrá ha concluido su intervención asegurando que si se clausurara la depuradora, "habría mierda por todo". Y a continuación ha añadido: "Y esto es evidentemente lo que querría el grupo parlamentario de Vox, que es el entorno en el que se mueve mejor". Sorprendentemente, la presidenta de la Comisión, la socialista Pilar Carbonero, no ha considerado que Ferrá haya pronunciado estas palabras que están grabadas.


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