PUERTOS

TRIBUNALES

Visto para sentencia el caso del buque Super Servant

El buque de transporte de yates quedó escorado durante más de 24 horas en el Dique del Oeste. Remolcadores y prácticos piden un premio por su asistencia.
JOSÉ LUIS MIRÓ

El incidente sufrido por el buque de transporte de yates Super Servant en el puerto de Palma el 8 de junio de 2020 ya está en fase de resolución judicial. El expediente instruido por el Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares, que curiosamente tiene su sede en Cartagena, ha sido elevado al Tribunal Marítimo Central, que será quien finalmente decida si la labor desarrollada por los prácticos y remolcadores fue un salvamento o si, por el contrario, formaba parte de sus atribuciones como operadores portuarios.


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El suceso se produjo a primera hora de la mañana del 8 de junio, cuando el buque semisumergible Super Servant, de bandera holandesa, sufrió una parada eléctrica que afectó a sus tanques de lastre. Esto hizo que la embarcación, que se encontraba amarrada en el Dique del Oeste de la capital balear y portaba 12 yates de gran eslora y valor sobre su cubierta, quedará escorada por su lado de estribor.



La empresa Remolcanosa, que opera bajo licencia de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), y la Corporación de Prácticos del Puerto de Palma participaron en la operación para mantener el barco a flote, la cual se prolongó durante más de 24 horas, hasta la tarde del día 9 de junio. Posteriormente presentaron sendos partes de asistencia por entender que habían asumido funciones que no corresponden a un servicio portuario convencional. Esto les daría derecho, según las leyes marítimas, a obtener un “premio por el salvamento”.



En el expediente instruido en Cartagena se han practicado pruebas para determinar si hubo rescate o si, por el contrario, el Super Servant no estuvo en peligro de hundimiento.



Los peritos aportados por los prácticos y los remolcadores entienden que el barco, según se aprecia en diversas imágenes, presentaba una escora superior a los 20 grados y que el riesgo de naufragio era inminente. Los demandantes aseguran que la tripulación abandono la nave (prueba del riesgo que conllevaba permanecer a bordo) mientras el práctico accedía al puente.  



Los informes presentados por los armadores consideran, sin embargo, que la situación estaba controlada, que no había riesgo en la operación y que, en cualquier caso, la intervención de práticos y remolcadores forma parte de sus funciones, al encontrarse el barco en el interior del puerto.



Los remolcadores y prácticos aducen que el rescate supuso una situación de grave riesgo para ellos, incluso personal, y que el resultado fue "muy satisfactorio" para el buque.



La decisión, una vez concluida la fase de prueba, corresponde al Tribunal Marítimo Central, que  ha determinar cuál de las dos versiones se ajusta a la realidad y, en el caso de aceptar que hubo salvamento, establecer la cuantía a la que tendrían derecho los asistentes.


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