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Los clubes náuticos se encuentran en peligro de extinción

Cinco de los seis socios de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares en los puertos de interés general no han renovado aún sus concesiones. Urge una ley estatal que proteja los clubes y la náutica social en España
M.P.

¿Pueden sobrevivir los clubes náuticos, entidades sin ánimo de lucro que fomentan el deporte y permiten el acceso al mar de las economías medias, en el contexto portuario actual? No hay una respuesta única. Cada caso es diferente, aunque groso modo se puede concluir lo siguiente: si el club está bajo competencia autonómica en Baleares, su futuro está casi garantizado (al menos en un plazo de tres décadas); pero, si por el contrario se halla ubicado en un puerto de interés general (Palma, Mahón o Ibiza) y por tanto depende del Estado central, se trata de una «especie» en peligro extinción. 


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La afirmación puede parecer exagerada, pero los hechos plasmados en los mapas de esta página hablan por sí solos: de los seis miembros de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares, sólo el Club de Mar Mallorca ha visto ampliado el plazo de su concesión; los restantes están pendientes de la respuesta de la Autoridad Portuaria de Baleares (Real Club Náutico de Palma y Club Nàutic Portitxol), de una sentencia judicial (Club Nàutic Ibiza), o han perdido sus históricas instalaciones (Club Marítimo Molinar de Levante y Club Marítimo de Mahón). 

Es evidente que existe un problema. La Ley no distingue puertos recreativos de clubes náuticos, aun cuando se trata de entidades bien distintas. No sólo porque unas son mercantiles y las otras carecen de ánimo de lucro, sino también por sus funciones. Las primeras básicamente ofrecen amarres y las segundas, además de lo anterior, fomentan la actividad deportiva de base, organizan regatas y forman parte del patrimonio marítimo de la ciudad, en su condición de pioneras de la náutica de recreo. Hay un hecho diferencial reconocido de manera más o menos unánime (un ejemplo claro son las declaraciones en favor de los clubes de los parlamentos autonómicos), pero que no aparece plasmado sobre el papel. Eso es tanto como admitir que una determinada especie está amenazada pero seguir permitiendo su caza. 

La cuestión es compleja. Las circunstancias que impiden que los clubes puedan sentar las bases de su futuro cambian en función de cada caso. Aunque las consecuencias podrían ser las mismas, la casuística es muy diversa.





El Club Marítimo de Mahón fue la primera entidad situada en un puerto de interés general que perdió la concesión de sus amarres tras verse obligada a participar en un concurso plagado de irregularidades, como quedó demostrado en la sentencia firme del llamado caso Mar Blau. Las instalaciones pasaron a manos de una marina, Trapsa Yates, que en sus 13 años de gestión del espacio no ha realizado ni una sola actividad náutica, a pesar de que estaba obligada a ello por las bases del concurso.  El Club Marítimo de Mahón ha sobrevivido gracias a su capacidad de resistencia, basada en la creencia de que su labor es fundamental para la ciudad, y a que posee en propiedad su sede social. Sin embargo, los pocos amarres que ha podido explotar desde el polémico concurso no se han incorporado a una concesión, sino que han sido otorgados mediante autorizaciones de ocupación temporal, con la incertidumbre que ello conlleva.

El Club Náutico de Ibiza no tuvo que presentarse a un concurso, pues se le ofreció la posibilidad de obtener una nueva concesión mediante una competencia de proyectos. Esta fórmula legal -considerada como la ideal para proteger a los clubes– debía permitir que la histórica entidad de Vila conservase sus instalaciones y pudiera seguir desarrollando su actividad náutica y social, pero pronto empezaron a surgir problemas. El TSJB consideró que las bases no podían excluir a sociedades mercantiles y además se autorizó la oferta de un club creado ad hoc (avalado por un ex asesor de Puertos del Estado) para la competencia. Aquí ya se vio que el sistema de protección fallaba a las primeras de cambio. Pero hubo más: otra vez la justicia consideró que las bases no podían exigir ningún tipo de arraigo, por ser este un requisito contrario a derecho, de modo que el proceso administrativo no se diferenciaba prácticamente en nada de un concurso. La adjudicación fue anulada por el TSJB. El club vive pendiente de lo que resuelva el Supremo mientras se ve obligado a concursar para mantener las ocupaciones temporales. En el último certamen se invalidó su oferta por no incluir el IVA en el aval, pero la APB se vio forzada a rectificar tras un informe de la Abogacía del Estado que considera este error «subsanable». 





El club que de momento ha salido peor parado de su frustrado intento por conservar sus amarres ha sido el más pequeño. El Marítimo Molinar de Levante presentó dos proyectos para obtener una ampliación de plazo. El primero fue objeto de una fuerte campaña de oposición vecinal; el segundo se empezó a tramitar con éxito, hasta el punto de obtener el beneplácito del Ministerio de Medio Ambiente, pero el cambio de Gobierno en Baleares dio al traste con todo. La directiva fue emplazada a retirar el proyecto y a aceptar que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) realizara la obra de reforma, conservando las minúsculas dimensiones del puerto, para luego ceder la gestión de los amarres al club. Los socios aceptaron el trato tras obtener el compromispo directo y explítico del ex presidente de la APB Juan Gual. Pero nada de lo prometido se cumplió: el puerto fue sacado a concurso y el Marítimo, acuciado por las deudas, no pudo ni siquiera presentarse. La  entidad, desahuciada, se encuentra al borde de la desaparición. Su fundación data de 1917.

El caso del Real Club Náutico de Palma ha sido el que ha tenido más impacto en la opinión pública, dada su gran dimensión social. La entidad empezó a tramitar la ampliación de su concesión en 2015 de la mano de la APB, que introdujo toda una serie de exigencias en el proyecto. La asamblea de socios aceptó el trato a regañadientes (por la obligatoriedad de construir un carísimo parking subterráneo con cargo a su inversión) y llegó a presentarse un proyecto básico avalado por Puertos. Sin embargo, hace dos meses se hizo público un informe de la Abogacía General del Estado que pone en cuestión todo el proceso. Según este dictamen, el RCNP no tiene derecho a ampliar su concesión al ser su título un contrato de servicios públicos, en lugar de una concesión demanial. El club considera el informe extemporáneo y erróneo en sus conclusiones, dado que los contratos a los que se refiere la Abogacía del Estado se extinguieron con la reforma de la Ley de Puertos de 2003. La APB no ha tomado ninguna decisión al respecto, pero el reloj corre en contra del RCNP, cuyos vigentes derechos de ocupación del espacio portuario caducan en 2023. 

Otro club afectado por la lesgislación estatal es el del Portitxol, situado en el barrio del Molinar, fuera de la dársena del puerto comercial de Palma. Su concesión expira en diciembre de 2023, pero de momento la APB no ha dado respuesta a su solicitud de una prórroga por 12,5 años, un periodo corto pero al que en principio podría acogerse por ley sin mayores problemas. La realidad a día de hoy es que sigue pendiente de resolución, sin que la administración competente haya dado pistas de cuándo tomará un decisión al respecto. 

El estado de las cosas en los cinco clubes citados dista mucho del resto de entidades sin ánimo de lucro que gestionan puertos en Baleares bajo competencia autonómica. Todos ellos pudieron adaptarse a la Ley de Puertos de Baleares y obtener concesiones por un periodo de 30 años, más otros cinco de prórroga, lo que les ha dado un amplio margen de estabilidad. Todos los clubes dependientes del Govern balear a través del organismo Ports IB (el equivalene autonómico a la Autoridad Portuaria) han podido realizar obras de mejora e inversiones para prestar servicio a sus socios y usuarios, además de potenciar las actividades náuticas deportivas y sociales. 

El único de los clubes del Govern cuyo futuro no está garantizado a medio plazo es el del Puerto de Andratx, cuya concesión, otorgada en 2006 por un periodo de 30 años, fue anulada por el Tribunal Supremo en 2017. La sentencia se encuentra pendiente de ejecución por parte de Ports IB desde entonces. El Club de Vela realizó importantes inversiones en el puerto y se ha caracterizado en los últimos años por el apoyo a las actividades náuticas de vela y piragüismo, y al deporte inclusivo a través de la sección de vela adaptada más importante de los clubes de Baleares.


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