En poco más de un mes desde la redacción de este texto, los ciudadanos de Baleares acudiremos a las urnas para elegir a nuestros representantes municipales, insulares y provinciales. Son unas elecciones muy importantes, tanto o más que las generales, si tenemos en cuenta el alto grado de autogobierno de nuestra autonomía, con competencias transferidas en prácticamente todos los ámbitos de la gestión pública, entre ellos los puertos deportivos y las costas. No es poco, por tanto, lo que se juegan los aficionados a la náutica y los empresarios y trabajadores de este sector. Casi todo lo que les afecta se dirime aquí, en Baleares, e incluyo en este aquí a las instalaciones de “interés general” de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), cogestionadas por el Govern y cuyos presidente y director son elegidos a dedo por el poder político local.
Quizás muchos de ustedes no lo sepan, pero hace unas semanas se aprobó en el Parlamento balear la toma en consideración de una modificación de la Ley de Puertos que otorgaba todo el poder de decisión sobre las instalaciones a los consells insulares y reducía el papel de Ports IB al de un mero convidado de piedra. Aunque la medida propuesta tiene un gran calado, hasta el punto de que puede significar la derogación de facto del Plan General de Puertos, pasó por completo desapercibida.
La proposición decaerá por falta de tiempo para debatirla dentro de esta legislatura, lo cual no significa que no se vaya a reactivar dependiendo del equilibrio de fuerzas resultante de los comicios del próximo mes de mayo. La idea, por cierto, surgió del partido nacionalista Més per Mallorca.
Otra ocurrencia que, por fortuna, no saldrá adelante es la prohibición de otorgar amarres a barcos con propulsores diésel o de gasolina a partir de 2030. El Pacte que gobierna Baleares se ha quedado sin plazo para elevar al Parlamento el borrador de modificación de la Ley de Cambio Climático que, entre otras cosas, pretendía electrificar la flota de chárter con barcos que todavía no existen (ni se sabe si existirán).
La renuncia a esta normativa fuera de la realidad no ha impedido, sin embargo, que el ejecutivo autonómico destine (con la colaboración de la Cámara de Comercio y de ISBA) unos cuantos millones de euros a financiar la adquisición de motores eléctricos que no tienen donde cargarse (no digamos ya con fuentes renovables) ni son capaces de ofrecer prestaciones remotamente similares a las de un propulsor marino convencional. Esto ocurre mientras Alemania pide alargar el plazo fijado en 2035 para la electrificación de la flota de automóviles y se acaba de saber que únicamente el 3% del CO2 del planeta procede del transporte marítimo comercial. A partir de este último dato se puede deducir cuán irrisorio es el peso de la náutica recreativa en la contaminación atmosférica y la desproporción de ciertas iniciativas legales.
Los anteriores son sólo dos ejemplos recientes de la influencia que tienen las administraciones más cercanas en el desarrollo presente y futuro de la náutica, y de la suma importancia de informarse sobre las propuestas que los diferentes partidos tienen para los usuarios de la mar, si es que tienen alguna.
Porque, no nos engañemos, la última preocupación de la mayoría de los políticos somos los aficionados a la náutica de recreo.