A finales de 2017 asistí en Alicante al III Simposio de Clubes Náuticos y descubrí, para mi satisfacción y sorpresa, que Baleares es el ejemplo de buena gestión portuaria, tanto pública como privada, en el que se miran las demás autonomías. A veces es importante comparar tus circunstancias con las de tus vecinos para darte cuenta de que las cosas se hacen mejor de lo que pensabas.
Este caso de éxito (o relativo éxito, si quieren que sea menos triunfalista) es producto de un fenómeno poco frecuente en el mundo de la política y que consiste en actuar en pos del bien general en lugar de por intereses partidistas. Sea por la razón que sea, suerte o casualidad, las personas que han estado al frente de los puertos autonómicos en los diez últimos años han hecho un buen trabajo que ha culminado en la presente legislatura con la pacificación del sector portuario, la renovación de las concesiones administrativas y el reconocimiento social de la náutica recreativa como sector estratégico. Ello ha sido posible gracias a que ningún director general de Puertos ha optado por cargarse lo que había hecho su predecesor, con la base de una Ley que nació en circunstancias especiales y que, sin embargo, se ha revelado como una herramienta muy eficaz.
Este mes entrevistamos a Xavier Ramis, un político que se ha dejado aconsejar por el sector privado y ha hecho del consenso y la negociación su principal arma. Él mismo reconoce que en muchos aspectos de su gestión está llevando a cabo una labor continuista, lo cual no deja de ser una declaración llamativa si se tiene en cuenta que es socialista y que su predecesor en el cargo fue Antonio Deudero, dirigente del Partido Popular que heredó una situación económica enormemente complicada.
Echando la vista atrás, lo cierto es que desde los tiempos de Onofre Rullán, del que no creo que nadie en el sector guarde un buen recuerdo (aún colea su decisión de sacar a concurso el Club de Vela Port d’Andratx y de poner Baleares en el punto de mira de la especulación portuaria), Ports IB ha sido un organismo bastante eficiente, en tanto no ha ingerido más de lo estrictamente necesario en la gestión privada (marinas y clubes náuticos) y ha tratado de mejorar, con suerte dispar, los servicios que ofrece en sus instalaciones de gestión directa. Personas como Mónica Pozuelo, que fue directora general con el PP y gerente con UM, o Manuel Patiño, vicepresidente en ese último periodo, mantuvieron siempre una relación cordial con el sector y trataron de consensuar todas sus medidas. Todos, en general, dejaron un buen recuerdo.
No vamos a negar que algunas negociaciones con los gestores de marinas y clubes fueron duras. Que muchos puertos, por pura lógica, alargaron el proceso todo lo que pudieron para conservar sus «rentas antiguas» el máximo tiempo posible. Pero al final se ha logrado el objetivo de renovar todos los puertos y aumentar los ingresos que la administración recibe en concepto de cánones, lo que nos convierte en la envidia del resto de comunidades autónomas. Justo es reconocer en este momento el mérito de quienes han hecho posible este pequeño milagro de trabajar con unidad de criterio y sentido común desde diferentes sensibilidades políticas.