Antoni Garau, el que fuera hasta no hace mucho secretario general de la Federación de Cofradías de Pescadores, ha arremetido una vez más contra los pescadores recreativos. No es la primera vez que lo hace ni será la última.
Han cambiado los colores en el Govern, pero poco o nada ha cambiado para la pesca de recreo. A estas alturas ya se puede decir que las expectativas que algunos nos habíamos creado eran exageradas, por no decir falsas. El nombramiento de Antoni Maria Grau (no confundir con Garau), artífice de las políticas que venimos denunciando desde hace años, fue el primer jarro de agua fría.
O las cosas cambian radicalmente o nos espera otra legislatura de criminalización de los aficionados a la pesca. Quieren que paguemos el pato (y las subvenciones, claro) de todas las nuevas directrices europeas que obligan a reducir la actividad de los arrastreros. Este es el contexto en el que hay que analizar las declaraciones de Garau, diciendo, por un lado, que la pesca de arrastre es “estratégica” para Baleares y, por otro, que “habría que fijar días en los que los pescadores recreativos puedan salir a pescar”. Ambas publicadas en el mismo medio y con apenas un mes de diferencia.
Una lástima que el periodista no le preguntara a Garau por el volumen total de capturas de una y otra flota, o que no le pusiera sobre la mesa el elocuente dato de que una sola jornada de un bou equivale a todo lo que los recreativos son capaces de capturar ¡en un año!
¿Qué pretende Garau desde su retiro? ¿Acaso quiere colocarnos a los recreativos (incluidos los aficionados a la pesca submarina) en el punto de mira de la opinión pública? ¿Está intentando presionar a los políticos para que tomen medidas en contra de la pesca recreativa para compensar las medidas de la UE?
Se requiere un diálogo entre la administración y la pesca recreativa para una correcta gestión. La prohibición no es el camino. La pregunta que nos hacemos muchos aficionados es ¿será valiente el nuevo Govern o, como hizo el anterior, se va a dejar aconsejar por quienes pretenden privatizar el uso del mar a costa de restringir el acceso a los residentes?
Esa es la cuestión.
