BOTÓN DE ANCLA

ANTONIO DEUDERO

Abogado, antes fui técnico de la Federación Andaluza de Vela en el puerto de Málaga como monitor de vela ligera y vela de crucero, además de juez y oficial regatas. Actualmente técnico en Seguridad Operacional de Navegación Aérea en el aeropuerto de Palma. Entre el 2011 y el 2015 tuve el honor de ostentar el cargo de director general de Ports i Aeroports del Govern Balear y la Vicepresidencia ejecutiva Ports-IB. Desde 2008 Oficial reservista voluntario de la Armada, con rango actual de Alférez de Navío.

Descentralización

Transferir competencias, como Costas, a la Comunidad Autónoma es muy positivo, pero el nacionalismo le otorga una connotación separatista que en nada ayuda a la finalidad pretendida

Vivimos una época peculiar, donde cosas que parecen buenas se mudan luego en trampas de intereses retorcidos. Se ensalza un «No a la Guerra» con el que nadie sensato podría estar en contra, para luego comprobar que está auspiciado por las izquierdas que lo que pretenden realmente es criticar a Estados Unidos en su política intervencionista internacional, pero nada dicen de los conflictos armados fomentados desde países de gobiernos comunistas.

Pasa lo mismo con la defensa del medio ambiente. ¿Quién no quiere su entorno natural preservado? Los que atacan al sector náutico por una supuesta defensa de la posidonia, miran hacia otro lado cuando se trata de acabar de raíz con el problema de los vertidos de aguas fecales de las depuradoras, o de la salmuera de las desaladoras, verdaderos enemigos de la posidonia pues el 98% del problema son por esas dos causas. Estas cosas le hacen a uno dudar de la finalidad real de ciertas iniciativas que en principio parece que debieran contar con el apoyo unánime de la sociedad.

En la época democrática reciente se ha dado en España una -en principio- positiva descentralización de materias de gestión política. El objetivo es claro: acercar al máximo la gestión pública al ciudadano. Pero de nuevo volvemos a encontrarnos con el mismo problema. El nacionalismo, que lo va contaminando todo, introduce «la broma» (gusano de barco o ‘Teredo navalis’) en todo aquello que pueda torpedear ese proyecto común que es España.

Cuento todo esto porque los políticos del partido separatista y catalanista de MÉS (catalanes de Mallorca le he oído decir a alguno) pretenden arrogarse el éxito del traspaso de las competencias de Costas y Litoral, afirmando además que ello supone un «éxito para el soberanismo».

Es mi opinión que una gestión portuaria -y aeroportuaria también- debidamente transferida es la mejor opción para Baleares y para lo que las islas aportan al proyecto común de España. Lo mismo pienso con la competencia de Costas. Transferir esta competencia a la comunidad autónoma es, en sí mismo, una buena noticia. Pero claro, luego llega un nacionalismo separatista, de ruptura, de infracción de la Constitución y del Estado de Derecho (lo vimos claramente en 2017 en Cataluña o antes con el terrorismo de ETA) y todo cuanto estamos comentando coge un cariz muy diferente. En primer término porque se arrogan un mérito que no es suyo, como muy bien destapaba Gaceta Náutica. Y en segundo lugar porque le dan una connotación separatista -éxito del soberanismo dicen-, que en nada ayuda a la finalidad pretendida de acercar la administración al ciudadano.

Hay más: sabemos lo contrarios que son los secesionistas de Baleares y el Pacto de Izquierdas que nos gobierna frente al sector náutico. Sirva de ejemplo el Plan General de Ports, que han tramitado sin consenso alguno, moratoria brutal en el desarrollo portuario, que condena a estas islas a un bloqueo que no da salida al crecimiento previsto en el Estudio de Demanda.
Con esta sensibilidad tan contraria al crecimiento sostenible, con la defensa a ultranza del medio ambiente por encima de todas las demás consideraciones, una materia como la de Costas pasa de ser una opción del mantenimiento de nuestro entorno privilegiado compatible con el crecimiento económico, a ser un frente más de ejecución de políticas que no dejan margen alguno a la actividad económica.

Ya ha pasado en otros frentes, no nos llamemos a engaños. Mucho nos están costando las indemnizaciones por las moratorias urbanísticas, de nulo respaldo legal y del mero criterio político del prohibir por prohibir. Quede dicho.
 

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