Antes de que se frustrara la operación para desviar casi 17 millones de euros de Ports IB a la compra de un edificio de lujo, lo que no llegó a ocurrir gracias a la resistencia de un grupo de técnicos honrados, el Govern ya había dispuesto de otros 15 millones para sufragar gastos del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) y los Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM). La verdad es que estas transferencias entre empresas públicas no son tan raras como puede parecer a simple vista y, de hecho, están amparadas por la Ley de Presupuestos de Baleares.
El gobierno puede disponer de ese dinero siempre que sea capaz de justificar las razones para descapitalizar una empresa en favor de otra. La anomalía de lo que aquí –con ánimo de simplificar– hemos llamado caso IBAVI reside en varios puntos que conviene recordar, no sea que algunos le acaben dando la vuelta al asunto.
El primero, y más importante, es que Ports IB tiene una de las plantillas peor remuneradas de la función pública balear. Eso debería ser más que suficiente para no andar por ahí regalando dinero, y menos aún hacerlo para comprar titulares, pues no se nos ocurre otra razón por la que el Govern de Armengol decidió embarcarse en esta estrafalaria maniobra cuando ya se encontraba en funciones.
El segundo punto se refiere, precisamente, a la inusitada urgencia con la que el Pacte quiso cerrar la operación, prescindiendo del consejo de administración de Ports IB –lo que no se había atrevido a hacer en las dos ocasiones anteriores en que metió mano en la caja de esta empresa pública– y con pleno conocimiento de que esa premura podía significar un sobrecoste millonario del precio final del edificio.
Inmueble (punto 3) que no reunía los requisitos, ni por precio ni por características técnicas, de un complejo de viviendas de protección oficial, lo cual nos lleva a preguntarnos, ya fuera de nuestras competencias náuticas, por qué ese afán por hacer frente a la «emergencia habitacional» no ha fructificado en ocho años de gobierno progresista y ha sido necesario esperar a que el Ejecutivo estuviera en funciones para comprarle un edificio de alto standing con piscina comunitaria a una empresa que no quería vendérselo.
Porque (punto 4) Metrovacesa, no lo olvidemos, no quiere venderle el inmueble al Govern y por ello ha recurrido a los tribunales, obteniendo una primera victoria con la aceptación de unas medidas cautelares que debieron sustanciarse en la paralización del expediente. Inmediata
Pero (punto 5), y aquí sí que estamos ante algo ciertamente llamativo y sin duda grave, el Govern saliente no sólo no desistió de la operación por imperativo judicial, sino que requirió al vendedor (que, repito, no quería vender) para que acudiera a firmar ante notario.
En resumen, una cosa es descapitalizar una empresa pública para dar respuesta a una emergencia real y otra cosa es hacerlo para pagar la chapuza de maniobra que acabamos de exponer y que, como ya he señalado antes, nada tiene que ver con la política de vivienda pública y sí mucho con la propaganda. La náutica está dispuesta a ayudar siempre que pueda, pero no a pagar la campaña de ningún partido político.