Este inicio de año nos ha mostrado que hay dos maneras de hacer política. Por un lado, la de quienes se saben servidores de la ciudadanía y están dispuestos a, llegado el caso, reconocer sus errores y buscar soluciones a los problemas; y por otro, los que se dedican a vender humo y no sólo no resuelven problemas, sino que los provocan donde no los hay.
Si nos siguen en nuestra edición digital, sabrán que el mes pasado hubo una gran polémica en torno a los exámenes de capitán y patrón de yate en la convocatoria de Mallorca. Gracias a la colaboración de algunos expertos –como el capitán de navío Ricardo Alvarez Maldonado, que se ofreció a analizar las pruebas pregunta por pregunta–, pudimos concluir que la prueba de capitán de yate era prácticamente irresoluble en el tiempo establecido por el tribunal (de ahí que sólo consiguiera aprobar uno de cada diez matriculados) y en la de patrón había preguntas mal planteadas o con errores de bulto en el enunciado.
Ante una situación de este tipo, la administración competente puede tomar dos vías: aceptar que ha habido un error y tratar de resolverlo o enrocarse mediante cualquier excusa. La experiencia nos demuestra que lo habitual en estos casos es que el político de turno escurra el bulto. Pero, por fortuna, no todos los políticos son iguales. Baleares ha tenido históricamente la suerte de contar con buenos directores generales de puertos, y esta legislatura no está siendo excepcional en este sentido. El socialista Xavier Ramis –lo hemos dicho ya muchas veces– es una persona que escucha y que busca resolver los inevitables conflictos que conlleva la gestión pública dando la cara.
No lo decimos nosotros: nos lo cuentan los representantes del sector náutico. En el caso de los exámenes ha aceptado que las cosas no se hicieron bien (las pruebas son claras) y ha planteado una solución que, en principio, debería bastar para zanjar la polémica. Las preguntas incorrectas del examen de patrón de yate serán anuladas, lo que supone aproximadamente un incremento del 20% en la cifra de aprobados. En cuanto al de capitán, la Dirección General de Puertos ofrece a los suspendidos la posibilidad de volver a intentarlo sin tener que abonar las tasas de una nueva matrícula, con lo que no se perjudica a los que consiguieron aprobar. Sin duda se trata de una buena propuesta, dadas las circunstancias.
Dentro del mismo Govern, lamentablemente, encontramos a la otra clase de políticos: los que venden humo y quieren acaparar poder para obligar al conjunto de los ciudadanos a pasar por el rodillo de su ideología. En nuestra versión online revelamos algo que muchos se olían: el senador Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, vendió como un mérito propio y del soberanismo la transferencia a Baleares de las competencias de Costas, algo en lo que todo el sector está de acuerdo, cuando en realidad la negociación entre el gobierno central y el autonómico se inició hace casi un año. Vidal, según fuentes del Gobierno, hizo un «anuncio político», o lo que es lo mismo, trató de acaparar un protagonismo que en absoluto le corresponde. Ni a él ni a su partido.
Todos en la náutica sabemos para qué quiere Més la gestión del litoral. Es, por tanto, de vital importancia que las competencias, una vez transferidas a la comunidad autónoma, recaigan en Puertos (lo más lógico) y no en la Conselleria de Medio Ambiente que tanta aversión tiene por nuestro sector.
