A lo largo de todo el mes de junio, los lectores de nuestra edición digital y seguidores en redes sociales nos han proporcionado imágenes de atunes muertos flotando en distintos puntos de Baleares. A estos avistamientos hay que añadir dos documentos gráficos impresionantes: las fotografías realizadas por la tripulación del Nou Almitxó –el pesquero que capturó accidentalmente dos toneladas de atunes rojos en las próximidades de Ibiza– y el vídeo, subido a nuestro perfil de Facebook, en el que otro buque arrastrero alicanino, cuyo nombre nos han pedido mantener en el anonimato, iza con su red los restos descompuestos de otras varias toneladas de ‘tonyina’ al sur de Formentera. Todo apunta a que, en la mayoría de los casos, si no en todos, se trata de descartes ilegales de la flota de cerco industrial.
No hablamos de una cuestión menor, pues se supone que la pesca masiva del atún rojo es una de las más controladas. Los cerqueros llevan inspectores a bordo y su actividad está sometida a la vigilancia de patrulleras, lo que hace del todo incomprensible que puedan realizarse descartes masivos con el fin de que determinadas piezas (en concreto las que mueren en el proceso de extracción y no son susceptibles de ser engordadas en las granjas de Tarragona y Murcia) no contabilicen como cuota.
Sin embargo, no parece que exista otra explicación lógica a la recurrente aparición de atunes muertos (unas veces descompuestos, otras con mordeduras de tiburones) durante el periodo en el que una gigantesca flota formada por los buques de cerco y las embarcaciones que les asisten en el remolque de las jaulas se concentra en los canales situados entre Ibiza y Denía, y entre Ibiza y Mallorca.
A falta de pruebas inequívocas que confirmen las sospechas de los pescadores que han visto destruidas sus redes por estas capturas, cabe considerar lo ocurrido como un misterio que merece ser desentrañado judicialmente, dado que sus consecuencias medioambientales se antojan muy graves. No es en absoluto descabellado inferir que determinadas zonas profundas del Mar Balear son auténicos vertederos de atunes podridos.
En la información que dedicamos al caso en este número de Gaceta Náutica se da la posición exacta de uno de los enganches. Es relativamente sencillo que las autoridades comprueben, mediante los registros del sistema AIS, qué pesquero estuvo allí, y que averigüen si tenía asignada parte de la cuota del atún rojo, así como para qué empresas estaba trabajando. Es importante que saber la verdad no sólo para que los autores respondan por sus actos, sino para que se conozcan las circunstancias exactas y no haya sospechas de connivencia de quienes deberían dedicarse al control de la actividad.
También es muy importante detectar el verdadero problema y situar el foco en sus auténticos responsables, pues no parece muy lógico que gran parte de las restricciones recaigan en la flota de recreo –a la que se estigmatiza por sistema– mientras se hace la vista gorda con los masivos descartes ilegales.
La diputada balear Virginia Marí denunció en el Parlament balear que «cada año pasa lo mismo», señal de que no se está haciendo nada. Está bien que el asunto haya llegado al parlamento regional y que los medios de comunicación nos hayamos dado por enterados. Ahora sólo falta que se abra una investigación y se depuren responsabilidades. Estos actos no pueden quedar impunes.
