Bajo su mandato el organismo que gestiona los puertos de interés general de Baleares (Palma, Alcúdia, Mahón, Ibiza y La Savina) ha puesto en marcha muchos proyectos, aunque pocos verán la luz. Pons, además, ha sido valiente al defender sus principios en asuntos polémicos, como la ampliación del Club Marítimo Molinar de Levante, donde lo más cómodo hubiera sido unirse a la corriente popular o ponerse de perfil.
Pero por si algo merece un recuerdo destacado el ya ex presidente de la APB es por haber intentado poner coto a los privilegios de los miembros de su consejo de administración, y de algunos empleados y funcionarios de «la casa», en contraposición a todos sus predecesores, que miraron a otro lado para ahorrarse problemas internos.
Alberto Pons empezó abriendo al público el parking de los consejeros, continuó sacando a la venta la flotilla de coches oficiales, dio un paso de gigante al echar al ex director jubilado Angel Matías de la casa que disfrutaba «gratis total» (alquiler y suministros) en el puerto y ha terminado pasando factura a medio centenar de trabajadores que, no se sabe en virtud de qué, venían disponiendo «históricamente» de amarre gratuito.
Es decir, ha hecho aquello de lo que ahora presumen los nuevos gobernantes, con la diferencia de que él no lo ha acompañado de una campaña de marketing, porque simplemente forma parte de su compromiso ético.
Esta renovación del viciado aire de la APB no ha sido suficiente –han faltado tiempo y el apoyo de Puertos del Estado, un enemigo más que un aliado–, pero ha sentado un precedente que el nuevo presidente, Juan Gual de Torrella, buen conocedor del sector náutico y de sus entramados, no puede ni debe ignorar.
Uno de los compromisos electorales del tripartito al que representa es la regeneración democrática. La oportunidad que se le brinda a Gual en la APB es histórica y tiene la ventaja de estar abonada: parte del trabajo ya está hecho.
La APB, por muy peculiar que sea su funcionamiento, no deja de ser un organismo que gestiona el dominio público y que, por tanto, tiene un deber de transparencia con los ciudadanos. Esto no se arregla con una cuenta de Twitter, que está muy bien, ni sacando a la luz informaciones seleccionadas con criterios muy respetables, pero subjetivos al fin y al cabo.
Una buena medida sería, por ejemplo, la publicación en el portal de la institución del orden del día de las reuniones de su Consejo de Administración y, una vez concluidas, de todas las resoluciones que en él se hayan adoptado. Nada que no haga, por ejemplo, el Govern balear al término de cada Consell de Govern, permitiendo que su portavoz se someta a las preguntas y al control de los medios de comunicación. Porque las decisiones que afectan a los puertos de interés general son, por lógica, de interés para los habitantes de las ciudades en los que están ubicados.
En definitiva, Juan Gual afronta el reto de aplicar las políticas portuarias restrictivas que defiende el tripartito (no más puertos, no más ampliaciones) al mismo tiempo que promueve el desarrollo de la náutica recreativa, de la que siempre ha dicho que tiene el potencial para ser uno de los motores de la economía balear. No le será fácil teniendo como socio a un partido, Podemos, que ha criticado con inusitada dureza su nombramiento y en cuyo frontispicio ideológico no se encuentra precisamente el crecimiento vinculado a la industria del lujo y los superyates. Pero aún más difícil le será soportar la presión de quienes perdieron sus privilegios con Alberto Pons y ahora quieren recuperarlos a toda costa. Complicado, en consonancia con los tiempos revueltos que vivimos. Desde aquí le deseo suerte.
