El número de amarres permanece inamovible en Baleares desde el año 2000.
A principios del siglo XXI la población de las Islas Baleares era de 830.428 habitantes. En 2022 alcanzamos la cifra de 1.232.271 personas. Es decir, que cada año se incrementó la población en una media de 18.266 personas, una cifra equivalente a la población de una ciudad como Alcudia.
En la última década se matricularon en Baleares 287.642 vehículos. Esto hace una media anual de 23.970 unidades, situando el parque de coches en Baleares en más de 1.067.897. Sólo en el año 2020, 652.640 automóviles se transportaron a bordo de buques en los puertos de Baleares.
En el año 2000 las plazas turísticas eran 264.774. En 2022 alcanzaron la cifra de 411.000 unidades, básicamente por la entrada en escena del turismo vacacional. Me estoy refiriendo sólo al alojamiento reglado, al que habría que sumar toda la oferta alegal.
En 2012 visitaron los puertos de Balears 632 cruceros. En 2022 recibimos 715 cruceros, cada vez de mayor tamaño y capacidad. En cambio, la actual planta de atraques es de unos 20.000 amarres, prácticamente la misma desde el año 2000.
A pesar de estas cifras apabullantes, nuestro sector —el náutico en general y el de los puertos deportivos en particular— está permanentemente en el foco del lobby ecologista y sus aliados en la Administración como responsable de todos los males medioambientales. Somos culpables de la destrucción del territorio, la saturación, la gentrificación y el resto de plagas asociadas al turismo.
En realidad somos un sector que, por diversos motivos, no hemos participado de la grande bouffe de los beneficios del turismo, pero ante la opinión pública el activismo ecologista pretende equipararnos a Gargantúa y Pantagruel.
A su vez, la Administración nos ha tratado siempre como a una cenicienta. Lo cierto es que las instalaciones náuticas no sólo pagamos importantes cánones y tasas a la administración portuaria por el uso del dominio público (que en el caso de los puertos de interés general en Baleares alcanzó en 2020 el 68% de su recaudación total); también las obras de mejora e inversiones se pagan con los recursos financieros de las propias instalaciones náuticas, que pasan luego a engrosar el patrimonio de la administración. Esto no ocurre, por ejemplo, en el sector de los cruceros, cuya infraestructura se paga con recursos públicos y a su vez se les subvencionan las tasas por el uso del dominio público.
Pero no sólo se nos ha negado la posibilidad de crecer como los sectores antes mencionados y en consonancia con el incremento del número residentes, sino que se ha apuntado a los navegantes como responsables de la supuesta destrucción de posidonia. Semejante celo no se ha demostrado a la hora de detener los vertidos al mar de aguas residuales mal tratadas, mientras se ponía en marcha un mecanismo de vigilancia sobre los navegantes que los convertía directamente en sospechosos a los que se negaba el derecho a la presunción de inocencia.
Con estos antecedentes nos acercamos a las elecciones, y es el momento de reclamar a los futuros gobernantes que presten al sector la atención que necesita una actividad económica de carácter estratégico para nuestra comunidad. Aquí van algunas ideas.
Una ordenación más racional de las instalaciones, ya sean amarres en agua o en seco, permitiría dar respuesta a una demanda creciente y no atendida. Esta carestía impide a los ciudadanos la realización de actividades náuticas por falta de infraestructuras portuarias suficientes.
Es urgente la habilitación de espacios industriales en las zonas portuarias para la realización de labores de reparación y mantenimiento. No entender esta necesidad condena esta actividad a su ubicación en terrenos rústicos, o a su asfixia.
Hay que resolver el problema de las prórrogas de las instalaciones náuticas, y hacerlo por vía legislativa tanto en el ámbito nacional como en el autonómico, dando seguridad jurídica y evitando así la actual judicialización que permite la normativa vigente.
La armonización regulatoria entre los puertos de interés general y los puertos autonómicos es otro elemento imprescindible si no queremos incumplir el principio constitucional de igualdad ante la Ley.
La reciente reforma que permite el alquiler de embarcaciones privadas es una medida adecuada que dinamizará el sector, si bien debería exigirse para garantizar la calidad y seguridad del servicio que se haga a través de las empresas chárter debidamente autorizadas, evitando así la competencia desleal.
Por último, es necesario dotar las zonas donde exista posidonia de equipamientos de fondeo suficientes y accesibles para las embarcaciones.
El sector, una vez más, espera una gestión comprometida de nuestros gestores públicos que vaya más allá de las buenas palabras. De lo contrario, no sería descabellado pensar en la aparición de plataformas electorales específicas para defender sus iniciativas. Así ha sucedido en Países Bajos, donde un movimiento campesino-ciudadano ha concurrido a las últimas elecciones regionales convirtiéndose en la fuerza más votada.
La multitudinaria manifestación en defensa del Real Club Náutico de Palma tal vez pueda dar una visión del peso y la fuerza potencial de los ciudadanos amantes de la navegación. El tiempo y lo que hagan nuestros políticos en el futuro inmediato dirán si ese malestar puede llegar a convertirse en la génesis de un partido en defensa de sus intereses.
