La Autoridad Portuaria de Baleares es el representante local de Puertos del Estado, un organismo público con todas las desventajas de serlo: sobreprotegido, intocable y endogámico (reproducción entre individuos de ascendencia común). Hay 28 autoridades portuarias en España rigiendo 49 puertos del estado, que son puertos de importancia estratégica para la nación. La APB regula los cinco puertos comerciales y las áreas de dominio público portuario de las Islas con mano dura y conveniencia propia, sin atender a las necesidades del gobierno autonómico ni a las de la comunidad.
Cuanto más se autoproclama un ente moderno e innovador, más continúa gestionando con prácticas de antaño, una omertá a la balear, en la que mantener un secreto tiene más valor que la transparencia o la lealtad y donde aplica el proverbio «los trapos sucios se lavan en casa», cuyo significado, según el Instituto Cervantes, es resolver diferencias dentro del ámbito familiar, sin dar explicaciones a extraños.
Hace unos 30 años, todas las juntas de obras de puerto, como así se llamaban estos organismos, cambiaron su nombre por autoridades portuarias, sufrieron una transformación organizativa y sobre todo se les impuso financiarse por sí mismas. El cese de Puertos del Estado como institución materna y fuente de fondos obligó a las AP a buscarse la vida, generar sus ingresos y cumplir con sus presupuestos, quedando Puertos del Estado a cargo de crear las estrategias comunes y actuar como consejeros de las modificaciones de la Ley de Puertos.
Y allí es donde yo veo el gran error. En vez de ser coherentes con la idea de integrar puerto y ciudad, la Autoridad Portuaria de Baleares se replegó en su bastión inexpugnable, cerrando toda participación, cooperación e interés por conocer las necesidades de la comunidad (no olvidemos que los puertos son un servicio a la comunidad) y se lanzó a recaudar fondos para mantenerse a flote con la nueva normativa, interesándose sólo en sus resultados.
Uno de los perjudicados es la industria náutica. La APB no sólo instauró el sistema de subasta sin límite para otorgar las concesiones, sino que pretende eliminar, quitándole todo valor, tradiciones, nombre y presencia a instituciones de fama internacional, como el Real Club Náutico de Palma, una entidad que contribuye a enseñar las bondades de una nación internacionalmente, igual que la Feria de Abril, que los vinos de Ribera del Duero, que Picasso, que el Barça, que Rafa Nadal o la Superyacht Cup. En este caso es como se nos ve desde fuera en el entorno náutico deportivo y turístico, un campo muy desarrollado en el mundo (sobre todo en el Mediterráneo) y donde el RCNP ha destacado como un participante impecable a lo largo de los años, llevando a sus regatistas a competir al extranjero, y trayendo regatistas extranjeros a competir en nuestras aguas.
¿Dónde se formarán los futuros navegantes deportivos? ¿Cuáles serán sus metas si todo lo que ha hecho el RCNP desaparece? Aunque la APB en su ignorancia así lo suponga, tiempo, experiencia y tradición no pueden comprarse forzando sobreprecios en concesiones. Lo de generar ingresos tiene una solución: no necesitarlos. Con que tengan algo mas de cuidado con respetar los presupuestos de sus proyectos (nuevo rompeolas de Ibiza, alineación del muelle de poniente o hace poco la renovación de la antigua sede de APB) ahorrarían lo suficiente como para no tener que actuar como el Sheriff de Nottingham (el malo de Robin Hood). Intentan disfrazar la falta de interés en ser parte de la comunidad, pero no engañan a nadie.