Los vertidos contaminantes que han causado la desaparición de 500 hectáreas de posidonia oceánica en la Bahía de Palma quedarán impunes. Nadie responderá por ellos. Ni la administración local ni la estatal tendrán que rendir cuentas por uno de los mayores desastres ecológicos registrados en Baleares. La responsabilidad ha quedado diluida entre la inabarcable magnitud de los hechos, que nadie pone en duda, y su carácter histórico y «estructural». Ningún político, técnico, entidad ni organismo oficial habrá de responder más allá del reproche que algunos medios de comunicación hayamos sido capaces de alentar en la sociedad sobre un asunto que hasta hace unos años no importaba a nadie.
La Audiencia Provincial de Palma ha optado por sobreseer la causa penal que investigaba los vertidos y en la que estaba acusada, a la espera de juicio, la todavía regidora de Urbanismo de Palma, Neus Truyol. Los tres magistrados de la Sección Primera que han examinado el recurso de apelación de la dirigente política de MÉS han concluido que la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillados (EMAYA) carecía de «capacidad económica y de competencia» para hacer frente a la obsolescencia de las depuradoras y de las tuberías submarinas que arrojan las aguas residuales de la ciudad de Palma al mar; por tanto, a su juicio, no cabe considerar la tesis de la Fiscalía en relación a que, entre los años 2016 y 2018, periodo al que se circunscribía la acusación, los responsables de la gestión municipal del agua no hicieron nada para paliar los vertidos.
CARPETAZO
El auto de la Audiencia que da carpetazo al caso señala que, durante la instrucción del procedimiento judicial, «se han aportado numerosos documentos en los que se observa, de manera indubitada, que todos los proyectos relacionados con la construcción o mejora de la nueva depuradora los realiza el Estado y no el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma, sin que se observe que EMAYA tenga alguna capacidad de decisión sobre la materia».
Esto, con todo el respeto que merece la resolución judicial, está bastante lejos de ser verdad en lo que concierne a una de las obras que la propia Audiencia pone como ejemplo de la falta de competencia y capacidad económica de EMAYA. El Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico (o sea, el Estado) pagará únicamente el 10% de la construcción de la gigantesca tubería de 6.655 metros que conducirá las aguas de la renovada depuradora de Palma. El resto recaerá en el consistorio palmesano, a través de la empresa pública EMAYA, y en fondos europeos o regionales que, de momento, no han sido otorgados. La sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) aportará 6 millones a una obra que cuesta 60; el resto (50%) se cubriría con fondos FEDER y/o del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), y con aportaciones de la propia EMAYA (40%), que se ha comprometido por escrito pagar 24 millones de euros. ¿De qué clase de incapacidad económica habla la Audiencia?
UNOS HECHOS INCONTESTABLES
Al margen de la consideración que puedan merecer los argumentos jurídicos de la Audiencia Provincial, que como vemos no se corresponden necesariamente con la realidad, la cuestión nuclear del archivo es la situación de impunidad de unos hechos que los propios magistrados reconocen como ciertos. Quizás el párrafo más significativo del auto sea el siguiente: «No existe discrepancia en que los vertidos que dan objeto al presente procedimiento traen causa del estado en el que se encuentra el sistema de saneamiento de Palma y sus deficiencias estructurales. Tampoco de que se trata de una situación que viene ocurriendo desde hace bastantes años, antes de que los investigados accediesen a los cargos directivos de EMAYA. Asimismo, esta situación es públicamente conocida, siendo así que ha sido un tema denunciado y tratado en los medios de comunicación». Y menos mal que así ha sido (especialmente por parte de este medio), porque es evidente que los políticos no tenían la menor intención de hacer nada, incluida Neus Truyol cuando en 2016 firmó unas cuentas de EMAYA donde se puede leer la siguiente frase: “No hay contingencias medioambientales en EMAYA”.
En efecto, es imposible no admitir los hechos objeto de investigación y de ahí que, después de siete años de pesquisas, resulte tan frustrante esta resolución de la Audiencia Provincial; no tanto por el hecho de exculpar a los cargos investigados, cuya presunción de inocencia nadie ha cuestionado, como por no dejar siquiera abierta la posibilidad de que los verdaderos autores, sean quienes sean, tengan que hacer frente a su responsabilidad.
Porque si, como sostiene el auto, EMAYA no tenía ninguna competencia, a pesar de ser la empresa que gestiona las depuradoras y anuncia inversiones de hasta 24 millones, ¿quién responde por la posidonia arrasada? Y si la culpa es del Estado, como se afirma sin excesivo rigor, ¿por qué no se deduce testimonio y se procede contra él? ¿Se actuaría con tan escaso celo si el autor de los vertidos fuera un particular?
Supongo que no es necesario responder a esta última pregunta.
