A la pobre nación de la que somos parte le salió un sarpullido normativo por el que, según quien y cuando, y aplicando conexiones, favoritismos y favores debidos, hecha la ley, hecha la trampa. La justicia es el pilar fundamental de una sociedad. Sus herramientas son las leyes y los jueces. Unas estipulan cómo deben hacerse las cosas y los segundos analizan y deciden en cada caso si se ha llevado a cabo o no su cumplimiento.
Sin embargo, algo que debería ser claro y transparente y fácil de interpretar se ha llevado, en aras de aumentar las oportunidades de una persona a defenderse, a una complejidad que nos deja muchas veces sorprendidos. Los casos más sonados son las grandes corporaciones como las eléctricas, las de comunicaciones o la banca. A veces parecería que la justicia que se les aplica no es la misma que la que rige para el ciudadano medio.
Hoy me meto con las concesiones del Real Club Náutico de Palma, del Club Náutico de Ibiza y del Club Náutico Puerto de Andratx. Después de varios años de discusiones con la Autoridad Portuaria de Baleares, ésta sacó a concurso la concesión y se la otorgó al Club Náutico de Ibiza. Una de las razones del otorgamiento es el arraigo del club en la sociedad local. Pues con la concesión adjudicada y en regla, aparece un consultor de Puertos del Estado (quien ayudó a escribir la última versión de la ley de puertos) que a su vez se había presentado al concurso (¿habrá conflicto de intereses o es que soy gratuitamente malpensado?) y no le gusta lo del arraigo, quizás porque él no lo tiene.
Aquí es donde me pregunto: ¿cuándo se aplica aquello de que los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos de los demás? Ahora se paraliza todo lo realizado el año pasado con la resolución del concurso. ¿Hasta dónde va a llegar? Si no le dan la razón al demandante, ¿podrá apelar? y luego, ¿apelar ante el Tribunal Supremo? ¿Cuánto tardará todo esto y qué gasto le significará al CN Ibiza? No podrán comenzar las obras, obtener los permisos, solicitar financiación de los bancos… ¿No debería tenerse en cuenta en este caso el conflicto de intereses de quien demanda al ser quien participó en escribir la ley que rige a las concesiones y que fue directamente contratado por Puertos del Estado, que es quien adjudica?
Tanto el local como el de fuera, si encuentra una seguridad jurídica, piensa en invertir más en Baleares o en retirarse aquíEl otro caso, peor, es el del Club Náutico de Andratx. Once, sí, once años después de otorgársele la concesión se les informa que ésta no es válida y deben dejar el club (incluyendo la inversión hecha en los últimos 11 años) a quienes quedaron segundos en el concurso. Andratx es uno de los excelentes exponentes de la integración puerto-ciudad, aunque se considere refugio de pijos. Tiene una escuela de vela excelente, ha desarrollado un programa (y la logística necesaria) para aprendices de vela con minusvalías. El bar y restaurante es conocido –y visitado– por locales y visitantes.
Este tipo de situaciones legales deberían tener un tiempo límite tanto para presentarse como para ser resueltas. Hace pensar que la administración se rige por una clepsidra que de vez en cuando se va quedando sin agua. La inseguridad jurídica nos hace mucho mal, nos hace perder confianza en los gobernantes, sean del color que sean. Y no les cuento ya lo que significa para la imagen y credibilidad de España en el extranjero: un lugar del que no puede uno fiarse, donde siempre puede aparecer alguien, tocar la puerta y anunciar que lo nuestro ya no lo es o que las condiciones han cambiado «porque sí» (desgraciadamente, una razón que alguna que otra administración gubernamental utiliza a menudo).
Y tienen razón aquellos que piensen que, a pesar de todo, estamos llenos de guiris y sus barcos. Sí, pero tanto el local como el de fuera, si encuentra un ambiente estable y una seguridad jurídica, piensa en hacer más en Baleares y en España, en venir a retirarse aquí, en invertir. Son estos turistas de gran poder adquisitivo a los que todo estudio definen como ideales.
Que las obligaciones y los plazos sean sólo para que los cumpla el contribuyente está mal. La Administración del Estado y los gobiernos autonómicos, en todos sus niveles, también deberían actuar dentro de plazos de acción y ser obligados a cumplirlos.
