Después de que el Tribunal Supremo anulara su concesión y reconociera el derecho de la empresa que resultó mejor puntuada en un concurso convocado en 2002 (hace nada menos que 15 años) y que, sin embargo, por actuaciones que han sido declaradas contrarias a derecho, no obtuvo la adjudicación del puerto deportivo.
Dejando a un lado la opinión que me suscita la lentitud exasperante de la Justicia española, la cual merecería un artículo aparte, es obvio que en 15 años (11 desde que el Club de Vela obtuvo su renovación) han pasado muchas cosas que el Govern balear no puede ignorar a la hora de ejecutar la sentencia.
La cuestión más importante de todas ellas, teniendo en cuenta que la situación es producto de una mala praxis de la administración, es la económica. Pase lo que pase, este desaguisado le va costar muy caro a los ciudadanos de Baleares, ya sea para compensar a la empresa mejor valorada en el concurso o al Club de Vela, que en la última década ha realizado grandes inversiones para modernizar sus instalaciones y adaptarlas a las exigencias de la Ley de Puertos de Baleares. Lo lógico, llegados a este punto, sería que la administración negligente optara por la solución menos onerosa en términos económicos para las arcas públicas.
La pérdida del Club de Vela tiene un coste inasumible para quienes defendemos el acceso a la náutica socialNinguna de las dos partes en conflicto ha revelado sus intenciones, pero es sabido que las inversiones realizadas por el Club de Vela en el espacio público portuario rondan los diez millones de euros (basta ver cómo era y cómo es su edificio social) y que los 20 años de concesión perdida bien podrían valorarse en la misma cantidad. Hablamos, pues, de una eventual indemnización de 20 millones, una cifra astronómica cuyo desembolso el Govern no se debería permitir. Y, ojo, no vale huir hacia adelante para que otros políticos se coman el marrón, porque los políticos cambian, pero los ciudadanos y sus bolsillos son los mismos.
Otro aspecto que no se puede soslayar a la hora de tomar la decisión es la indudable relevancia que el Club de Vela (ahora mismo sin concesión) tiene para Andratx y, aún más importante, para el deporte náutico balear. Lo pongo en segundo lugar, por detrás del económico, porque su peso jurídico es más bien relativo, dado el mandato judicial, aunque lo considero igual de importante.
La pérdida de una entidad histórica como la de Andratx tendría un coste social inasumible para quienes defendemos la náutica como un derecho y, aun reconociendo y alabando la excelente labor turística que desarrollan los varaderos y marinas privadas (hay sitio para todos), somos plenamente conscientes de que el acceso al mar de los residentes y las economías medias quedaría cerrado para siempre tan pronto como desaparecieran los clubes. Esto es algo que sabe cualquiera que se mueva por el ambiente náutico.
No se dejen engañar por quienes les dicen que hacen negocio con los amarres, porque esos ingresos son los que sufragan el deporte y el mantemiento del espacio público. No caigan en la trampa de la demagogia que ha puesto al Molinar al borde del naufragio. En el caso concreto del Club de Vela hablamos de una inversión anual superior al medio millón de euros en el fomento del deporte. Sólo por eso sería merecedor de una protección especial. Esperemos que entre todas las partes sean capaces de arreglar el entuerto con la sensibilidad y sentido común que requiere.
