Todo evoluciona. El diccionario de la RAE define evolución como «serie de transformaciones continuas que va experimentando la naturaleza y los seres que la componen». Y eso incluye lo que creamos, desde lo que comemos a los coches que utilizamos, desde las leyes a los precios; hasta lo que vestimos.
Cuando a fines de los 90’ fui aprendiendo que era una concesión, un canon, la Autoridad Portuaria o PortsIB, me di cuenta de que quienes otorgaban estas concesiones no conocían lo que es la náutica. En principio éramos intrusos en el mundo marítimo, y debíamos pagar lo máximo posible para poder jugar con los barquitos.
En eso, por suerte, se ha mejorado mucho. Sin embargo, decidir a dedo cómo va a construirse o ampliarse o renovarse el próximo puerto sin incluir la representación y opinión de la comunidad es cosa del pasado, y ya ni se plantea. Adjudicar una concesión a quien más canon ofrece es una variable actual que debe cambiar. Tuvimos un buen ejemplo con la renovación de la concesión de El Molinar, donde la opinión de la comunidad tuvo mucho peso en la decisión final de la APB. Y esto tiene mucha lógica, porque la comunidad puede no ser náutica, pero los efectos de tráfico, ruido, precios y aparcamiento le afectarán directamente, y no todo serán ventajas, porque todo lo bueno tiene su precio.
En Francia (elijo Francia por tratarse de una mentalidad latina semejante a la nuestra, ya que en Escandinavia, Alemania u Holanda las cosas se hacen de otra manera y no debemos mezclar culturas y costumbres incompatibles) hay 40 marinas que se gestionan por lo que llaman SEM (sociedad de economía mixta), y que en el resto del mundo se conoce como PPP (private public partnership, o asociación público-privada). En esas sociedades el 51% del capital es del sector público (autoridad, municipalidad, autonomía) y el 49% del sector privado (bancos, empresas privadas, asociaciones, empresas de gestión de puertos deportivos). La SEM opera las marinas, pero el control lo mantiene siempre el sector público (lógico, porque las costas y el agua pertenecen casi siempre al Estado). Cada tantos años las compañías deben renovar sus concesiones presentándose a un concurso que decide la Región-Autonomía (aquí sería el Consell). La parte pública es siempre la misma, con lo que la parte privada debe esforzarse en plantear todos los valores que le son requeridos (continuidad, buena gestión, innovación, integración con la comunidad) para obtener una buena puntuación. Así les funciona desde los años 80’, y muchas concesiones esperan hoy el final de su duración para transformarse en SEM.
El cambio es drástico, pero las ventajas muchas: el sector público obtiene de primera mano los datos de la náutica y participa en la elaboración de precios para asegurar la factibilidad del plan de negocio. Ambas partes pueden resolver y adaptar soluciones a las necesidades del momento. Y el mantenimiento, siempre llevado a mínimos cuando una concesión tiene valor cero al finalizar (todo pasa a ser propiedad de quien licita), se transforma en una actividad primaria y fundamental, y hace posible que las instalaciones estén siempre en perfectas condiciones. También se elimina totalmente la especulación y se exigen las inversiones y mejoras decididas previamente de manera consensuada.
En un lugar tan extremo como Ibiza, donde en la temporada turística todo se desmadra y el valor de la náutica sólo se mide por las esloras ignorando el derecho de los residentes a disfrutar de su mar, la asociación de propietarios de amarres y locales de Marina Botafoch junto al Ayuntamiento y Consell de Ibiza se presentaron como posibles gestores en caso de no prolongarse la concesión actual.
Una parte fundamental de toda evolución es saber dónde definir los límites. El ser humano lo ha aprendido a base de cometer errores, aunque muy a menudo pudo modificar su proceder y controlar el daño, como en los excesos de pesca o la polución por hidrocarburos que hoy intentamos controlar y reducir. No sólo debemos reaccionar ante hechos que afectan a miles de millones de personas, sino también a los que afectan a minorías, y cada sociedad y comunidad debe velar por los suyos. Lo de Marina Botafoch en Ibiza puede ser un ejemplo del camino a seguir.
La evolución, los franceses e Ibiza
En Francia hay 40 marinas que se gestionan por sociedades de economía mixta, donde el 51% del capital es del sector público, un modelo que ya se ha propuesto en Ibiza