El sector náutico balear es lo que hoy conocemos gracias a la labor realizada durante décadas por los concesionarios de los puertos deportivos. Todos ellos: clubes náuticos y marinas. La ley de puertos regional les ofreció la posibilidad de adaptarse a sus preceptos para obtener nuevas concesiones.
Ese reconocimiento a la labor realizada (los gestores habían sido pioneros en la construcción y gestión de los puertos) se tradujo en la renovación y mejora de todas las instalaciones bajo competencia autonómica y propició una estabilidad que ha permitido el desarrollo de la náutica de recreo. Esto no ha gustado, como es lógico, a las empresas oportunistas que pretendían quedarse con el negocio que otros habían levantado.
A estos jugadores de ventaja se les oye apelar siempre, entre grandes aspavientos, a las leyes europeas que, según dicen, impiden las ampliaciones de plazos y las prórrogas de la concesiones. Pero, al menos que se sepa, nada ha dicho la UE contra la Ley de Puertos de Baleares. Y si lo dijera, no faltarían argumentos para desenmascarar las políticas proteccionistas de otros estados miembros ni, por supuesto, las intenciones especuladoras y la incapacidad manifiesta para la gestión portuaria de muchos de los que se declaran adalides de los concursos y las subastas.
Mientras los puertos autonómicos se pacificaban y florecían, al socaire de la legislación local, la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), gestora de las instalaciones estatales, no ha conseguido tener un solo minuto de tranquilidad en diez años. Los concursos, que al principio se convocaban para largos periodos, se han convertido en un verdadero engorro desde que también son obligatorios para las efímeras autorizaciones de ocupación temporal. Los funcionarios no hacen otra cosa que redactar bases, que luego son impugnadas en los tribunales, al igual que las puntuaciones de las comisiones técnicas.
Cada convocatoria se transforma en un nuevo contencioso. En medio de este ambiente empozoñado, se dirimen no pocas cuestiones personales; entre empresarios y, lo que sin duda es más grave, entre empleados públicos. Es notoria la influencia que un antiguo miembro de la cúpula portuaria, ya fuera de servicio, sigue ejerciendo sobre los que un día fueron sus subordinados. Y también la instrumentalización que determinados individuos pretenden hacer del caso Puertos.
Así es imposible que las cosas funcionen. La lógica ha dejado de imperar hace tiempo y por eso, por ejemplo, nos encontramos con la concesión del Real Club Náutico de Palma caducada y con las mismas personas que han llevado a la APB a su actual situación defendiendo que lo más conveniente es que salga a concurso, como si, por un lado, no tuviera el derecho legítimo a conseguir la ampliación de plazo que otros han obtenido y, por otro, como si su función social y deportiva –unánimemente reconocida– no existiera.
Lo he escrito muchas veces, pero no me cansaré de repetirlo: es urgente transferir las competencias de la náutica de recreo a la comunidad autónoma, tal y como exigen la Constitución y el Estatuto de Autonomía, para que todos los concesionarios de las islas jueguen con las mismas reglas, con independencia de si están ubicados en un puerto de interés general o autonómico.
El estropicio de la APB con el Real Club Náutico de Palma es suficientemente grave como para que se active de una vez por todas el traspaso de poderes.
