La justicia pondrá fin en breve a la larga y renqueante tramitación del caso Mar Blau.
La Audiencia Provincial de Palma celebrará, por fin, el juicio del caso Mar Blau. Digo «por fin» porque parte de los hechos que se juzgarán a partir del 9 de enero datan del año 2002 y se empezaron a investigar en 2008. Más de 10 años constituyen un retraso no sólo «indebido», como admite el fiscal anticorrupción Juan Carrau en su escrito de acusación, sino también lamentable, tanto para quienes han sido imputados y podrían ser inocentes como para los posibles perjudicados por los delitos investigados, que ya nunca podrán ver reparadas sus pérdidas. La Justicia debe tomarse su tiempo y ser rigurosa, qué duda cabe, pero no puede permitirse el lujo de tardar una década en terminar de sustanciarse. En este periodo, de hecho, han fallecido tres personas que habían sido inculpadas.
Nos consta que las distintas partes personadas en el proceso han intentado durante el pasado mes de diciembre llegar a un acuerdo que evite la celebración de la vista oral, pero de momento no ha sido posible. No hay que descartar que ese arreglo judicial se produzca finalmente, pues existen numerosos antecedentes (el caso Bitácora, sin ir más lejos) y a nadie parece interesarle demasiado afrontar un juicio de dos meses de duración y tan complejo como el de Mar Blau, lleno de tramas cruzadas y con decenas de testigos.
Mar Blau, pase lo que pase el día 9 y en las semanas sucesivas, debería servir para cerrar uno de los capítulos más oscuros de la historia de la náutica en Baleares, porque a estas alturas nadie puede dudar que los concursos portuarios han sido históricamente un terreno abonado para el compadreo y la corrupción. Fuentes jurídicas nos aseguran que pocas veces se lee un inicio de un auto de cierre de instrucción tan contundente como el del juez Antoni Rotger, en cuyo juzgado se han investigado los hechos, cuando afirma que los presuntos delitos descubiertos son una «ínfima parte» de los que seguramente se han perpetrado y que la corrupción en la Autoridad Portuaria de Baleares, el organismo que gestiona los puertos de interés general de Palma, Alcúdia, Mahón, Ibiza y Formentera, ha sido «sistémica».
El caso Mar Blau, en cuyo seguimiento se ha significado durante años este periódico, no es un solo caso; es un compendio de varios casos que se entremezclan y que, en efecto, transmiten la sensación descrita por Rotger de que la corrupción ha estado poco menos que institucionalizada. Durante la investigación se han producido hallazgos inquietantes, como dinero negro escondido bajo baldosas en casa de un alto cargo, la retirada de documentación antes de los registros policiales de la sede de la APB o las amistades peligrosas y los negocios comunes con adjudicatarios de algunos funcionarios que han detentado un poder casi absoluto sobre los puertos deportivos de las Islas. Todos estos hechos quedarán enterrados en el olvido si hay un acuerdo de conformidad. Casi todo el mundo tiene ganas de pasar página. Es comprensible. Pero lo que no puede ocurrir bajo ningún concepto –y ahí la Justicia también tiene una responsabilidad– es que Mar Blau caiga en saco roto por el simple hecho de que estamos tan hartos de la corrupción que nos aburre.
