De forma lenta pero sin pausa, la realidad de los vertidos va saliendo a la superficie. A día de hoy se han puesto negro sobre blanco muchos análisis y estudios. Ya no hay la más mínima duda de la delicada situación medioambiental de nuestro litoral. Una gran mayoría de emisarios que vierten a la mar no están autorizados. El de EMAYA es uno de ellos, un detalle nada despreciable teniendo en cuenta lo que sucedería si no se tratase de una Administración y fuese un particular o una empresa quien se encontrara en la misma situación. Si hubiera sucedido, sus responsables ya estarían a la sombra.
Seprona, IEO, Fiscalía de Baleares... Todos han corroborado el daño que están haciendo a nuestro entorno este tipo de actuaciones. Lo último y más reciente lo ha sacado a la luz la Associació per la Defensa del Port de Pollença (ASDEPP), que, tras la negativa por parte de las distintas administraciones a reconocer el estado de las aguas de su bahía, no han parado hasta disponer de un estudio que confirma lo que todos sabíamos, pero que se ha tratado de esconder.
Aunque parezca difícil de creer, la única duda sobre el daño de los vertidos a nuestras costas, a su fauna y flora, ha venido desde la propia Consellería de Medi Ambient i Territori, que, en un intento de escurrir el bulto, elaboró un informe en el que se afirma que que no existen evidencias científicas de que los vertidos causen daños a la posidonia. Lo reproducimos en esta página. Es febrero de 2022 y nadie ha dimitido, ni se le espera. Los principios éticos han quedado como un recuerdo del pasado.
Un pequeño detalle dentro de todo este caos que no debería pasarnos por alto es que el Govern sacó un decreto para salvaguardar la posidonia oceánica, incluida en el Anexo I de la directiva sobre hábitats y en el Anexo IV del Convenio de Berna como especie de flora estrictamente protegida. Desde el principio, el sector náutico advirtió de lo que podía suponer esta normativa si se ignoraba el asunto de los vertidos de aguas residuales mal depuradas en gran parte de nuestras costas. Pero no tan solo pasaron por alto esta evidencia, sino que intentaron «cargarle el muerto» a este sector.
Rechazo a la náutica y postureo
Señoras y señores, estamos llegando a la media parte de este partido, de momento vamos 1-0 a favor de la sociedad civil frente al Govern, al haber correspondido a esta última el mérito de evidenciar que se está produciendo un daño irreparable al medio marino, sin olvidar el peligro que los vertidos representan para la salud pública. La administración ha intentado esquivar su responsabilidad. No olvidemos que en el mencionado decreto, el Govern eliminó la prohibición de verter sobre posidonia y el plazo de cinco años para que los emisarios no autorizados se adaptaran a la ley. Nuestro políticos ya eran conscientes de dónde se metían, pero su rechazo a la náutica y su postureo fue más fuerte que el sentido común.
Antes intentaron que las anclas tapasen su responsabilidad frente a la destrucción de la posidonia, ahora intentan tapar su responsabilidad con los euros de inversión necesarios para solucionar el problema. Lo siento, pero son dos temas distintos, y no tiene nada que ver la obligación de velar y sancionar un daño al medio ambiente, con el deber de invertir posteriormente para la subsanación de la causa provocante.
Imagínese que la policía de cualquier municipio que no hubiera sancionado las infracciones de tráfico se escudara diciendo que está instalando en el municipio más señalización y semáforos. ¿A qué no colaría? No me negarán que alguna lagunilla si que hay en la paupérrima excusa utilizada para justificar su incumplimiento (y si resultara que sólo multara a los ciudadanos y evitara sancionar a los coches oficiales o de amigos del consistorio).
Estimados lectores, los minutos de juego transcurren, no con la rapidez que los ciudadanos desearíamos, pero la verdad va saliendo a flote, en breve comenzará la segunda parte del partido. Atentos que puede ser el 2-0 definitivo. Confíen en la Justicia, no pierdan la paciencia, y sobre todo, no se dejen confundir.
