Nunca seremos populares. Lo que nos falta no es llegar a la comunidad, sino el interés del gobierno en que lo consigamos. Se ve a políticos en las gradas de los estadios, en las llegadas de ciclismo o fórmula uno, en las de las maratones, pero ¿habéis visto alguno en un club náutico o en las olimpíadas de vela? Recuerdo al alcalde Mateu Isern instruyendo a los fotógrafos en la feria náutica: «No quiero ninguna foto con barquitos».
Nuestro esfuerzo no nos lleva lejos, pero no por ello hay que dejar de hacerlo. Seguir siendo reconocidos por nuestros pares nos mantiene vivos, aunque sea esfuerzo de unos pocos y camiseta de muchos. Es lo que hay. Sigue valiendo la pena presentar una imagen que se respete en el exterior, alimente la buena imagen de España deportiva como la Copa del Rey o la Palma Vela, y neutralice la que usualmente brindamos en la primera página de los periódicos de todo el mundo gracias a la decadencia política.
Las embarcaciones deportivas han cambiado mucho en los últimos 50 años, pero en España no han cambiado las reglas que deben cumplir. Eso sí: han aumentado. Cada vez que un funcionario, por alto que esté en el escalafón, se encuentra con una situación nueva, lo limita o lo prohíbe por la sencilla razón de que no sabe qué hacer, y antes muerto que consultar a quien sabe del asunto, no vaya a ser que se complique y genere más trabajo. Las excepciones, que las hay, son contadísimas. Lo que hay que hacer es mantenerse bien agarradito al puesto funcionarial como un mejillón a la roca.
La avidez que España demuestra en no adaptarse al presente repercute fácilmente en la náutica: tenemos hábiles políticos y funcionarios dedicados a la interpretación de las leyes para su propia conveniencia, o aquella de quien se los ordene. Si la APB estuviera limpia y supiera lo que hace, debería plantear en Puertos del Estado modificar la ley de concesiones y permitir que ésta permanezca en manos del concesionario si éste sigue invirtiendo y dando un buen servicio a sus clientes: el beneficiario debe ser el usuario y no el Estado.
La APB es reacia a renovar concesiones por miedo a terminar haciéndole compañía al expresidente Gual en los juzgados. El ladrón teme a los de su condición, y esto, en La Casa, está a la orden del día. La maquinaria de la APB se ha ensañado ahora con el RCNP. No respetan, ni tienen interés en que se respeten, la imagen deportiva de España, la tradición, la lealtad ni la labor social. APB disfraza sus decisiones de imparcialidad y cumplimiento de las leyes, pero sólo para cuidarse las espaldas. Es el trabajar las leyes en provecho propio. Legal, sí. Moral o ético, definitivamente no.
Mientras, entre palmaditas en la espalda, e impunidad gracias al seguro que por 36.293,95 euros cubre la responsabilidad de los miembros del consejo por sus decisiones, siguen sin explicar por qué la reforma de la vieja sede sufrió un sobrecoste de aproximadamente un 40% (860.000 euros), y la APB aprueba un préstamo de 30.000 euros para que sus miembros imputados se defiendan de lo que se les imputa. Sólo si son declarados culpables deben devolverlo. Con las tristes experiencias que nos han hecho vivir, seguro que ese dinero ya está perdido. Joan Gual está imputado e irá de vez en cuando a declarar al juez, pero en La Casa poco han cambiado las cosas.