Cada uno, a lo suyo. Fotografía: Nico Martínez
No he elegido el mejor mes para escribir este artículo. El conflicto laboral en Ports IB ha aflorado numerosas deficiencias que no hacen muy recomendable reclamar, precisamente ahora, la transferencia de las competencias portuarias a la comunidad autónoma. Pero hay dos razones muy poderosas para hacerlo.
La primera es que, si no se produce ese traspaso, en pocos años habrá desaparecido la náutica social de los puertos de interés general que gestiona el Estado central a través de la Autoridad Portuaria. No quedarán ni las cenizas.
En los últimos meses hemos visto como se cuestionaba, con argumentos jurídicos retorcidos y más que dudosos, la continuidad de instituciones como el Real Club Náutico de Palma, el Club Náutico de Ibiza o el Club Marítimo de Mahón. En ningún país de nuestro entorno se plantearía la posibilidad de que cualquiera de estas tres sociedades sin ánimo de lucro pudieran desaparecer, pero en España hemos decidido ser más papistas que el Papa.
La segunda razón es que, si bien es cierto que Ports IB está ahora mismo en la picota por culpa de una política laboral tremendamente mezquina (los sueldos que paga a sus empleados son de vergüenza), la culpa no es de quienes gestionan esta empresa pública, que han demostrado a lo largo del tiempo una gran capacidad de diálogo, sino de los departamentos de Presupuestos y Función Pública del Govern de les Illes Balears, que se niegan sistemáticamente a dignificar la retribución de los trabajadores de los puertos.
Ports IB funciona razonablemente bien y opera bajo una Ley de Puertos (la de Baleares de 2006) que ha permitido la obtención de nuevas concesiones para todos los clubes y marinas del archipiélago, algo que no es posible en el área de competencia estatal. A los primeros se les ha reconocido su función social y deportiva; a las segundas, su solvencia gestora y el enorme valor de su fondo de comercio. Ambos fueron pioneros.
El sector portuario ha mantenido aparcada la reivindicación de la transferencia de la náutica deportiva y de recreo por considerarla «una quimera». Siempre ha sido un asunto tratado con la boca pequeña, sin demasiada convicción. Pero la realidad es que no depende de otra cosa que de la voluntad política, toda vez que está reconocida tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía.
Seamos claros: a los clubes no les quedan muchas más opciones que salirse de la APB si no quieren verse arrastrados a una muerte lenta por el fango de la burocracia portuaria. De lo contrario, los veremos luchando cada pequeña ocupación temporal, cada minúscula prórroga, frente a empresas a las que el Estado, tan escrupuloso con la terminología jurídica, tan celoso de una legalidad hecha a medida de la especulación, no exige ni experiencia ni solvencia. Y así no se puede vivir, y no digamos ya construir un proyecto de futuro mínimamente ilusionante.
En mayo de 2023 hay elecciones autonómicas. Es ahora o nunca. La náutica de recreo debe ser segregada de los puertos de interés general. Que la APB se ocupe de los buques mercantes y de pasaje, de los cruceros y de garantizar el abastecimiento y la movilidad marítima. Incluido, por supuesto, el dique de Ciutadella. De todo lo demás, que se ocupe el gobierno autonómico. La Ley nos vincula a todos. Hagan que se cumpla.
