No es la primera vez que escribo sobre la posidonia. Y es que hay temas que parecen eternos, mantras en manos de la izquierda que como el Guadiana afloran cada dos por tres de forma periódica e ininterrumpida. Aprobar moratorias urbanísticas que luego nos cuestan millones de euros; o fomentar el catalán confinando cada vez más el español en la administración, en la educación y medios de comunicación públicos, gastándose millones de euros en ello. Y como no: los barcos y la posidonia.
Recuerdo que en 2011, recién llegado a la dirección general de Ports del Govern, uno de los primeros actos a los que acudí fue el organizado por la Cámara de Comercio de Mallorca precisamente sobre este tema: la posidonia, especialmente relacionado con la actividad náutica y marítima.
El jurídico del Govern que intervino en aquella ocasión dejó claramente plasmadas las conclusiones con dos hechos incuestionables: el primero era que las actuaciones que afectan a la posidonia provienen en un 89% de la actividad terrestre. Sí, sí, terrestre: de las aguas deficientemente depuradas que son abocadas al mar mediante los emisarios; y de otra parte la salmuera, que como residuo tiramos al mar desde las desalinizadoras de agua de mar para hacerla potable. Inciso: ¿han visto a los ecologistas hacer sus «performaces» y reivindicaciones al respecto? Yo no.
Con esta conclusión se daba un aldabonazo contundente a la audiencia en aquella jornada. Y el segundo era que la ONU, cuando lanzó el famoso listado de especies en necesidad de ser protegidas, incluyó la posidonia dándole el carácter de individuo. Es decir: que se protege cada brote como si de un individuo por sí mismo se tratara, peculiaridad que no se identificó a lo largo de tramitación y así quedó finalmente aprobado. Es decir: un lince ibérico es un individuo a proteger como lo es un «mechón» o rama de posidonia aisladamente considerado.
Así las cosas, el 89% de la afección a las praderas de posidonia proviene de la actividad terrestre. Y dentro del 11% restante –cuyo origen son diversas fuentes–, se incardina la actividad náutica de fondear con el ancla. Concluía el técnico que no se equivocaría de mucho al afirmar que la afección a la posidonia proveniente del uso indebido de las anclas podía cuantificarse en torno a un 3% del total, sin más.
Y esto nos lleva a otra conclusión, más impactante si cabe: esta realidad era de sobra conocida por el Pacte, pues fue su propio técnico jurídico el que hizo estas afirmaciones. Por ello no nos equivocamos al decir que decidieron, a pesar de ello, centrar su «lucha protectora» de la posidonia como reclamo político, mediante un Decreto chapuza sin sentido, buscando el «enemigo común» que toda causa necesita para centrar toda la atención: el navegante, su ancla.
En estos días hemos conocido que los Tribunales han decidido confirmar que el Decreto de protección de la posidonia es una chapuza. No lo dicen así, sino que lo argumentan con cuestiones jurídicas de peso. Les animo a leer la sentencia para que nadie pueda engañarles.
Por suerte a veces la sociedad civil se rebela contra las injusticias. En este caso ha sido la asociación de navegantes, que se vio obligada a recurrir el decreto ante la Justicia. A ellos nuestro profundo agradecimiento. Cuando se habla del ejercicio de los derechos civiles es a estas cosas a las que nos referimos.
