El miedo de Autoridad Portuaria puede generar graves consecuencias para el refit en Baleares. Fotografía: APB
No recuerdo exactamente cuándo se adjudicó STP, si en 2006 o 2007. Boatyard Palma había hecho muy buen papel promoviendo Palma como centro de servicios náuticos, la administración la llevaban Suzie e Isabel, dos suecas formidables e incorruptibles pese a sonrisas, bombones o flores (la peña no iba muy fina tampoco). El cartel de «no cash no splash» presidía el despacho como las tablas de la Ley vigilando a esos dos angelitos rubios (o valkirias náuticas).
A partir de allí, STP creció casi logarítmicamente en superficie utilizando la figura portuaria de ocupación temporal. ¿Trato de favor? Quizás, pero era un favor bien pagado a la APB por metro cuadrado adjudicado. Se hicieron grandes inversiones, como la compra del travelift de 1.000 toneladas, se acomodaron espacios, se prorrogó la concesión en casi 6 años, hasta el 2026. Que el grupo que lleva STP, Port de Mallorca, Marina Ibiza y alguna otra concesión gestionada por la Autoridad Portuaria de Baleares se haya podido beneficiar de tratos de favor en APB para obtener sus concesiones es algo que apareció publicado en la prensa e Internet (caso Mar Blau y Marina Ibiza), pero tampoco es cuestión de rasgarse las vestiduras, ya que esas prácticas, desgraciadamente, se dan en casi todos los ámbitos y en todos los gobiernos, hasta en el Vaticano.
Sin defender esa supuesta manera de proceder, sí debe admitirse que STP hizo un muy buen trabajo y aumentó la oferta de reparaciones en Palma a la flota internacional de grandes yates, oferta que ya había desarrollado Astilleros de Mallorca desde los años 80. Durante la época de oro de STP, del 2010 hasta hoy, el varadero creció a la sombra de esas ocupaciones temporales que nadie hizo el esfuerzo de transformar en permanentes (aquí alguna gallina cacareará citando leyes, reglamentos, al pobre Tribunal Constitucional, cuando al mismo tiempo resulta rápido y fácil interpretar, por «los portuarios de Madrid», la legislación a su favor cuando les conviene).
Y entonces llega Joan Gual totalmente enchufado por la presidenta Armengol, que una vez por año, durante la apertura del Palma Boat Show, explica la importancia que la industria náutica tiene en la economía balear. Durante los siguientes 364 días la náutica desaparece de su agenda. Don Gual se descuida y lo pillan amañando presuntamente concesiones. Armengol tira de su plan B, don Antich, y lo pone en el sillón del trono portuario. Éste, viejo zorro político, ejerce creando unas cuartetas para la despedida de Miquel Suñer y enviando a tiempo las felicitaciones de Navidad. Un logro. Lo del cold ironing ya estaba en marcha cuando llegó. Y por las dudas: ¡zas! A degüello con todo lo que no cumpla con cada letra de la ley de puertos. Caiga quien caiga, no vaya a ser que le pillen en un descuido. Este Quijote político-administrativo se deja llevar por el miedo de su falta de conocimiento y no se detiene a pensar en las consecuencias de una acción así: reducción del espacio de trabajo, demora en otorgar turnos a los grandes yates, migración de esos yates a Barcelona, Toulon, y Génova. Pérdida de puestos de trabajo, cierre de PIMEs, pérdida de interés en los recientemente creados cursos de especialización en la industria náutica.
Toda esa gente tan perjudicada no tiene ninguna culpa de los amaños ni de las ocupaciones temporales mal paridas. ¿Por qué no se establece, por ejemplo, un método para corregir esta situación, como se hizo con las fincas rústicas ilegales? Se les hizo pagar una multa por año de existencia. Yo os lo digo: porque no interesa.
