Miquel es una persona que escucha más que habla. Se toma su tiempo para pensar lo que dice, pero una vez que lo hace no se anda con medias tintas. Le entiendo cuando afirma que sintió vergüenza por lo ocurrido en la sesión del Parlament balear donde se discutieron una serie de enmiendas sobre la protección de la posidonia. Y considero esta manifestación demostrativa de que la clase política actual no está a la altura de los ciudadanos, por la sencilla razón de que nuestros verdaderos problemas no logran romper nunca el armazón de ideología que recubre los partidos.
La idea con la que uno se queda es que el juego político ocupa todas las horas de quienes se supone que deberían estar centrados en gestionar los recursos públicos. Y no hablo de uno u otro partido, de izquierdas o derechas; hablo de todos.
Les pondré un ejemplo: la mayoría del Govern del Pacte rechazó todas las enmiendas presentadas sobre la posidonia (entre ellas la regulación de los vertidos o la garantía del libre fondeo sobre arena) no porque en realidad se opusiera, sino porque las había presentado el Partido Popular, que a su vez quiso erigirse, sin serlo, en portavoz oficioso del sector náutico, al que trató de utilizar en su beneficio con gran descaro y sin ningún éxito.
El debate parlamentario puso de manifiesto el nivel subterráneo de algunos diputados de la llamada «nueva política» que ni se habían leído el orden del día y se pusieron a hablar de prospecciones petrolíferas cuando el tema era la posidonia. Algo alucinante. Pero el punto álgido llegó en el momento de la votación, cuando, por el mero hecho de oponerse a la oposición, la mayoría parlamentatria rechazó sin el menor pudor algo que el director general de Biodiversidad, Miquel Mir, prometió hasta tres veces (lo tenemos grabado) el mes pasado en la Cámara de Comercio: que los navegantes podrán largar el ancla en los fondos de arena.
El PP quiso utilizar al sector náutico en su beneficio y el Pacte votó contra cosas que ha prometido en públicoEs más, parece ser que el último borrador del decreto de protección de la posidonia reconoce literalmente este derecho siempre que la seguridad de los campos de boyas lo permita. O sea, que escriben una cosa en un documento oficial y luego sostienen la contraria en el Parlament.
¿No hubiera sido más fácil levantar el cordón sanitario por un momento y votar a favor de esta enmienda, aunque la hubiese presentado el PP? La respuesta a esta cuestión la da Suñer: los debates en la cámara no tienen otro objeto que escenificar la discrepancias entre los partidos; el fondo del asunto no importa, es una mera excusa para que unos y otros se reprochen cosas y suelten ocurrencias, como en un club del humor de gente sin la menor gracia.
Los representantes del sector sólo pudieron llegar a la conclusión de que todos los ciudadanos deberían asistir obligatoriamente, al menos a una vez en la vida, a una sesión del Parlament. Para ver lo que allí ocurre a diario.
