La falta de medios policiales ha ralentizado la investigación del caso Puerto y ha supuesto hasta la fecha el mantenimiento del secreto del sumario durante más de tres años. La juez solicitó el pasado mes de noviembre al teniente coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Palma que adoptara medidas para garantizar que los efectivos de la Policía Judicial adscritos al caso pudieran entregar sus informes dentro de los plazos legales.

En un auto dictado el 8 de febrero, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, exonera, por un lado, a tres técnicos (Fernando Berenguer, Armando Parada y Juan Carlos Plaza) y al vicepresidente de la APB en la anterior legislatura, Miguel Puigserver, de las piezas separadas en las que de momento no se ha levantado el secreto de sumario (no así de aquellas en las que aparecen como investigados), y revela, por otro, que la carestía de agentes destinados a esta macro investigación ha obligado a realizar las indagaciones de cada asunto de forma “sucesiva”. Es decir, que no se ha podido empezar una nueva investigación sin antes cerrar la anterior.

La defensa del ex presidente de la APB Juan Gual, ejercida por el abogado Eduardo Valdivia, ha recurrido los continuados autos de prórroga del secreto de sumario argumentando que provocaban indefensión y que la carencia de medios policiales no es un problema que deba recaer sobre las personas cuya imputación se ha hecho pública, afectando a su reputación social.

CUATRO PIEZAS CONOCIDAS

De la resolución judicial se deduce que ya hay cuatro piezas prácticamente listas para la apertura de juicio oral, toda vez que los informes policiales están concluidos y se ha tomado declaración a la mayoría de imputados y testigos, y que otras, cuyo número se desconoce, se encuentran aún en fase de investigación bajo secreto.

La pieza primera se refiere a la concesión supuestamente fraudulenta de las tiendas libres de impuestos del puerto de Palma a una empresa participada por el entonces ex vicepresidente de la APB, Miguel Puigserver. En ella también está imputado Juan Gual, quien fue designado como presidente del citado organismo portuario por la actual presidenta del Congreso y a la sazón del gobierno balear, Francina Armengol. Las pesquisas policiales han revelado la comisión de un supuesto delito de fraude fiscal por parte de la empresa beneficiaria de la concesión a través de una trama con ramificaciones en Malta.

La segunda pieza del caso Puertos investiga una revelación de secretos presuntamente perpetrada por un empresario del sector de la construcción que habría advertido a funcionarios de la APB de las averiguaciones que estaba llevando a cabo el juzgado en torno al otorgamiento de concesiones irregulares. Este “chivatazo” precipitó la operación en el verano de 2020 y, según sostiene la juez, habría impedido que se consumarán algunos delitos que se estaban planeando y de los que los investigadores tenían indicios en virtud de una serie de escuchas telefónicas autorizadas por el juzgado a instancias de la Fiscalía.

El concurso del Club Náutico de Ibiza, anulado por el Tribunal Supremo después de que la APB otorgara una ampliación de la concesión a esta entidad, conforma la pieza número 3 del caso Puertos. En ella constan como imputados Juan Gual y otros funcionarios de la APB, además de directivos del club y una empresa sospechosa de haber reclamado una cantidad de dinero al náutico a cambio de retirar las demandas en su contra.

Por último, la pieza cuatro analiza si hubo trato de favor y, por tanto, delito en el otorgamiento de una concesión de amarres en el puerto de Mahón a una asociación empresarial (Asmen) en detrimiento de otros licitadores.

Se sabe, porque la propia juez lo señala en su auto y porque ha trascendido de forma oficiosa, que el caso Puerto consta de otras piezas que permanecen bajo secreto de sumario.

Una de ellas guarda relación con la gestión de unos almacenes de cemento y tendría en su punto de mira a un importante empresario de la construcción radicado en Mallorca. Esto último ha trascendido porque el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ordenó paralizar un procedimiento contencioso administrativo en el que se dirimía la legalidad administrativa de una prórroga en la concesión de los silos del puerto de Alcúdia, aduciendo que la documentación del caso había sido reclamada por el Juzgado de Instrucción número 3 para incorporar a un procedimiento penal. Este no era otro que el caso Puertos.      

El caso Puertos se encuentra actualmente en fase de instrucción. Todas las personas y entidades referidas en esta noticia conservan, por tanto, su plena presunción de inocencia.

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