El ex alcalde socialista de Ibiza, Rafael Ruiz, ha recurrido el auto que pone fin a la instrucción de dos de las piezas separadas del caso Puertos y ha alegado que su papel en la adjudicación del Club Náutico de Ibiza (CNI) no fue delictiva. El vicepresidente de la entidad náutica investigada, Josep María Costa, también ha apelado su imputación aduciendo idénticos motivos.

La mayoría del resto de imputados habían optado por no recurrir la decisión de la juez, a fin de que la Fiscalía dispusiera de sólo un mes de plazo para formular su acusación. Esta estrategia común de las defensas ha quedado abortada y ahora el Ministerio Público dispondrá de un mayor plazo para analizar el sumario y decidir si solicita la apertura de juicio oral y, en el caso de que así sea, por qué delitos acusa y qué penas solicita.

La juez Martina Mora, instructora de la causa, sostiene que Rafael Ruiz, en su condición de vocal de la APB, votó a favor de la aprobación de criterios de valoración que beneficiaban al Club Náutico de Ibiza (CNI), “a sabiendas de su injusticia y la oposición a la libre concurrencia”. Además, siempre según el auto, habría participado activamente en las resoluciones y decisiones que favorecieron supuestamente al CNI.​ El ex alcalde ibicenco está procesado por los delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración.

En cuanto a Josep María Costa, el auto judicial señala que no se ha acreditado su participación en los actos previos y coetáneos a las resoluciones consideradas prevaricadoras, aunque sí constaría su participación “activa e importante” en los hechos posteriores.

El principal imputado en las diferentes piezas del sumario del caso Puertos es Juan Gual, quien fuera presidente de la APB entre 2015 y 2020. Según la juez Mora, manipuló presuntamente las fases del procedimiento de concurso para asegurar una adjudicación amañada a favor de Marina Asmen S.L., en el puerto Mahón, y el Club Náutico de Ibiza (CNI), teniendo “plena conciencia” de que estaba actuando al margen del ordenamiento jurídico y ocasionando un resultado materialmente injusto​.

La instructora entiende que el móvil del amaño, tanto en Ibiza como en Mahón, es político, y apunta que Juan Gual fue designado como máximo jefe de la APB a propuesta de la ex presidenta balear y hoy del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en julio de 2015. Recalca, en este sentido, que las cuestiones que afectaban a la continuidad del CNI eran tratadas "expresamente" con ella.

Durante la investigación se han intervenido mensajes que muestran que Gual informaba a Armengol sobre las decisiones importantes que afectaban al CNI, especialmente en relación con la segunda adjudicación del club. Esto, en opinión de la juez, demuestra un “interés político claro y persistente” en beneficiar al Náutico de Ibiza, un interés que se considera “penalmente relevante” porque se refiere a “beneficiar a un particular” y no al interés general.