La Unión Europea ha discriminado a Mallorca al encarecer el coste del transporte marítimo con destino a islas con más de 200.000 habitantes, las cuales no podrán disfrutar de la exención de los derechos que pagan las navieras por las emisiones de CO2.

Las restantes islas españolas quedan exentas por no superar los 200.000 habitantes o contar con la denominación europea de región ultraperiférica, en el caso de Canarias. La aplicación de una directiva europea relativa al sector marítimo, cuyo fin es acelerar la descarbonización de las navieras para 2050, obligará a los armadores a pagar por las toneladas de CO2 emitidas por sus buques con el objetivo de limitar progresivamente dichas emisiones. Como ocurre siempre en estos supuestos, pagará la factura el usuario final. Mallorca recibe prácticamente el 100% de sus mercancías por vía marítima. 

El presidente de la Agrupación Empresarial de Transporte de Mercancías-FEBT, Ezequiel Horrach, ha expresado su preocupación porque de aplicarse dicha directiva a partir del 1 de enero de 2024, las navieras deberán abonar los derechos de emisión equivalentes a un 40% del total del total del dioxido de carbono emitido en las rutas entre Mallorca y la península, y resto de Europa.

La legislación de esta normativa europea, según Horrach, contempla exenciones hasta finales de 2030 para las conexiones con las islas de menos de 200.000 habitantes y regiones como Canarias, dejando fuera de ellas a Mallorca.

El Presidente del sector del transporte de mercancías de Baleares ha manifestado que los portes que deberá asumir el usuario final, bien se trate de empresas o particulares, sufrirán además un incremento notable de forma progresiva hasta 2026, año en el que las navieras deberán abonar este recargo por el 100% de las emisiones declaradas, repercutiendo negativamente en la competitividad de la isla de Mallorca, respecto no tan solo al resto de la península por el hecho insular, sino también en comparación con el resto de islas españolas.

Es por ello que Horrach ha puesto en conocimiento del Govern Balear, tras un reciente encuentro con la Presidenta Margalida Prohens, dicha problemática, solicitando del ejecutivo autonómico que la traslade al Gobierno Central y a la Unión Europea, así como instar a esta última para que aplique una exención de la mencionada directiva europea para Mallorca, a partir del próximo día 1 de enero de 2024.