Gaceta Náutica publicó los primeros días de este año las primeras informaciones sobre el Caso Sombras.
El BOIB publicó ayer el decreto de simplificación administrativa que, entre otras muchas medidas, borra de la faz de la tierra la Comisión Balear de Medio Ambiente, un organismo autonómico que había destacado en los últimos tiempos por sus arbitrarias decisiones. El presidente de FANMED, la federacíon náutica para temas medioambientales, Gabriel Dols, se congratula de la desaparición de la comisión: “Los últimos dictámenes e informes de esta comisión solo podían apuntar a que lo mejor era la autodestrucción de la misma. El medio ambiente necesita ciencia, sentido común y la sostenibilidad que marca la Unión Europea, no ideologías exánimes”.
Probablemente el punto de no retorno que marcó el destino de la Comisión de Medio Ambiente fue un informe que destapamos en Gaceta Náutica y que al final denominamos como ‘Caso Sombras’. El informe del organismo medioambiental sobre el proyecto de un campo de fondeo cuya finalidad precisamente era proteger la posidonia determinó sin ningún criterio ni estudio científico que la sombra de los barcos era perjudicial para la posidonia.
La Comisión de Medio Ambiente Baleares afirmaba entonces que la sombra que las embarcaciones proyectan sobre el fondo marino “disiminuye la luminosidad que llega a la posidonia” y afecta a su proceso de fotosíntesis.
Esta vuelca de tuerca al argumentario contra la náutica de recreo que se ha convertido entre otros factores en sentencia de muerte para la comisión apareció recogida en un informe de impacto ambiental publicado en diciembre en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) sobre un proyecto de la empresa Tragsatec para la instalación de un polígono de fondeo con 30 boyas ecológicas en Sa Foradada, en la Sierra de Tramuntana, una zona de protegida adonde suelen acudir a pasar el día con sus barcos numerosos aficionados a la náutica.
El dictamen representaba en definitiva una suerte de enmienda total a los campos de boyas con los que se pretende reducir el impacto de los fondeos mediante anclas y era, por tanto, una evidente declaración de intenciones de la Comisión contra el uso recreativo del litoral balear. Las exigencias “desmesuradas” del informe causaron alarma en el sector, que las interpretó como la antesala de una prohibición de facto del fondeo.
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