El auto que pone fin a la instrucción de la pieza inicial del caso Puertos señala que el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Juan Gual, informaba “expresamente” a la entonces presidenta del Govern y hoy del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, de las negociaciones y tratos que mantenía para la continuidad del Club Náutico de Ibiza (CNI), cuya concesión la juez considera que fue amañada.

La magistrada Martina Mora, instructora del sumario, afirma que Gual fue designado a propuesta de Armengol en julio de 2015 y añade que trataba con ella las cuestiones que afectaban a la continuidad del CNI. Recuerda, asimismo, que la presidenta “expresó su compromiso con la continuidad” de este club en el acto de celebración de su 90 aniversario, y añade: “El interés del señor Gual era permanecer en el cargo que tiene asignado un salario bruto de 100.000 euros más dietas e implica numerosísimos contactos. Su permanencia en el cargo estaba vinculada a la del PSOE en el Govern, pues históricamente siempre un cambio de partido político en el Govern ha conllevado un cambio en la presidencia de la Autoridad Portuaria”.

El auto destaca a continuación que “era del interés de los técnicos intervinientes en todo el procedimiento administrativo investigado agradar a su presidente” y da a entender que por ello se plegaban a su voluntad, a fin de mantener sus sueldos elevados, la obtención de mejoras profesionales o la asignación de viviendas públicas.

La resolución, que consta de 161 folios donde se desgranan los pormenores de la investigación judicial y las conclusiones a las que llega la juez de instrucción, abre la vía para que las partes personadas califiquen los hechos y presenten sus escritos de acusación o de defensa. La mención directa a Francina Armengol abre la vía a su citación como testigo en el juicio oral si así lo consideran oportuno el fiscal o los abogados.

La lista de investigados por esta pieza, relativa a las concesiones del Náutico de Ibiza y un puerto deportivo en Mahón, asciende a 17 personas e incluye, además de a Gual y al que fuera su vicepresidente en la APB, Miguel Puigserver, al ex alcalde socialista de Ibiza, Rafael Ruiz, y a la abogada del Estado Dolores Ripoll, entre otros. La juez reitera, como ya hizo en anteriores autos, la existencia de un móvil político “claro” y persistente” para amañar supuestamente las citadas adjudicaciones, y considera que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración, tráfico de influencias y cohecho instrumental. Entiende que también pudieron cometer varios de estos ilícitos los empresarios beneficiados y varios directivos del Club Náutico de Ibiza.

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