Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS), la empresa que gestiona las antiguas instalaciones del Club Náutico de Ibiza bajo la marca Port Nàutic Ibiza, ha triplicado las tarifas de los amarres de embarcaciones consideradas de “náutica social” según los criterios oficiales del Govern balear. Así lo confirma un presupuesto presentado el pasado 21 de mayo para una embarcación de 8,95 metros de eslora, cuyo propietario, en caso de aceptar las condiciones, pasaría de de pagar 7.300 a 25.700 euros anuales. El concepto que consta en el citado documento es la estancia de base durante 365 días, a razón de 57,95 euros por jornada. A los 21.152 euros que resultan de multiplicar ambas cifras hay que sumarle la tasa T5 de esloras menores (141,77 euros) y el 21% de IVA (4.471).

El Club Náutico de Ibiza ha confirmado el precio que abonaba la embarcación objeto del presupuesto (3,5 veces inferior al actual) y ha señalado que no se trata de un caso aislado. La situación es mucho más gravosa si se trata de barcos que, de acuerdo a su documentación, tenían esloras por debajo o iguales a los ocho metros, pero que han resultado ser algo mayores tras el proceso de revisión realizado por el nuevo concesionario. Esos pocos centímetros de más han supuesto que la tarifa se multiplique “hasta por siete”, haciendo que el coste del amarre sea inalcanzable para muchos pequeños armadores.

El presupuesto citado corrobora algo que ya se sabía que iba a ocurrir. La propuesta presentada por Puertos y Litorales Sostenibles (Port Nàutic Ibiza) establecía el límite de la llamada “náutica social” en los ochos metros de eslora y mantenía los mismos precios que el Club Náutico de Ibiza (su competidor en el concurso convocado por la APB) a cualquier embarcación que no superara este porte. A partir de ahí, sin embargo, las tarifas aumentaban de forma exponencial. Un barco de nueve metros, no digamos ya de 12, se convertía en un objeto de lujo insostenible para una economía media española, cuyos ingresos son de 30.237 euros brutos anuales. Esta estrategia permitió a PyLS ofrecer mayores beneficios y obtener la mejor puntuación en el apartado económico de la licitación. Dicha empresa tomó posesión del Club Náutico de Ibiza el 5 de mayo envuelta en la polémica por una reciente condena a su representante de hecho.

Presupuesto de Port Nàutic Ibiza para una motora de 8,95 metros de eslora.

La situación reabre un viejo debate sobre a qué se refieren los políticos y el propio sector cuando hablan de náutica social en Baleares. El criterio, como en tantas otras cosas, cambia radicalmente si se trata de puertos de interés general (Palma, Mahón, Ibiza, Alcúdia y Formentera) o de instalaciones bajo competencia de la comunidad autónoma y gestionados por la empresa pública Ports de les Illes Balears.

“Para el Govern, la náutica social llega a los 12 metros, que es el máximo que se permite en puertos de gestión directa, siempre que se trate de barcos en base de uso privado y, por tanto, matriculados en Lista Séptima”, explica en GN Radio Antoni Mercant, director general de Puertos y Transporte Marítimo de la Conselleria del Mar, quien aboga por introducir también la variable de las mangas en la ecuación: “Son tan importantes como la eslora, pues a medida que aumentan se ve muy afectado el reparto de los amarres”. Mercant es partidario de “buscar un tamaño estándar” que rija en todas las instalaciones de Baleares para evitar agravios como el provocado por el cambio de concesionario en Ibiza.

El criterio de la Autoridad Portuaria de Baleares para sus puertos de gestión directa es muy distinto al del Govern, al no permitir amarres en base de más de ocho metros. Gracias a este principio, PyLS ha podido marcar la linde de sus tarifas en este tamaño. No obstante, la Ley de Puertos del Estado sitúa en 12 metros la frontera entre lo social y el lujo, cuando marca las normas que deciden si una instalación debe salir a concurso o puede acogerse a la excepción de presentar una competencia de proyectos. Desde el punto de vista legislativo, un barco de hasta 40 pies debería estar amparado por tarifas sociales, pero el concepto no deja de ser difuso.

Antonio Estades, presidente de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB), considera que la náutica social “es aquella que está al alcance de los residentes de Baleares, ya sea por las esloras de las embarcaciones o por el precio de los servicios”. 

“Históricamente se ha tenido la referencia de los 12 metros, pero, teniendo en cuenta la evolución de la flota, pienso que el límite se podría aumentar hasta 15 metros”, añade Estades, quien reivindica el papel “fundamental” de los clubes náuticos como los garantes de la náutica social en Baleares, “tanto por el precio de los amarres de base como por su función social, deportiva y divulgativa”.

En esta línea, Manu Fraga, director del Real Club Náutico de Palma, opina que se parte de una premisa falsa cuando al tratar de objetivar el debate en una determinada eslora. “La náutica social la define el servicio y la actividad que desarrolla un puerto. No es lo mismo un club náutico que reinvierte sus beneficios en el fomento del deporte, la organización de regatas y eventos culturales, y que sostiene una estructura de equipos federados de vela y piragüismo, que un puerto deportivo que se dedica al alquiler de amarres para el beneficio de sus accionistas; para mí, la diferencia está muy clara entre lo que uno y otro aportan a la sociedad”, argumenta el también director de la Copa del Rey de vela, que admite haberse quedado “impresionado y estupefacto” al conocer el aumento de las tarifas en el antiguo Club Náutico de Ibiza. “Si esto se generaliza, la mayoría de residentes que hoy tienen un barco, no tendrán donde meterlo. Será un desastre para la náutica”.