La Guardia Civil investiga desde el pasado año los vertidos de aguas fecales en Mallorca. El Juzgado de Instrucción número 12 abrió diligencias a raíz de la denuncia presentada en agosto de 2018 a título particular por Yago Fiol, abogado, navegante y ex presidente de la Federación Balear de Vela. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) procedieron el miércoles al registro de la sede de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillados (Emaya) de la capital balear, así como del domicilio barcelonés de la antigua gerente de este organismo, la ecosoberanista Inma Mayol, a la que le ha sido intervenido un ordenador personal. Ambos han sido confirmados hoy por fuentes judiciales.

Gaceta Náutica tuvo conocimiento de esta investigación hace diez meses, cuando su subdirector, José Luis Miró, fue citado a declarar por la Guardia Civil en calidad de testigo tras haber publicado varias informaciones en las que se acreditan graves deficiencias en la depuración de las aguas residuales que se vierten al mar. 

Esta serie de reportajes fue premiada como en 2016 por la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB). El periodista aportó toda la información y documentación (incluidos vídeos) que le fue requerida por los investigadores y se comprometió a no revelar la existencia de las pesquisas hasta que éstas concluyeran. Sin embargo, la filtración ayer de los registros en Emaya y en la vivienda de Mayol a Diario de Mallorca y el Periódico de Cataluña ha hecho saltar por los aires el secreto con el que el Seprona y el Juzgado de Instrucción 12 pretendían llevar el caso.

Las fuentes consultadas han recalcado que el sumario, en el que aparecen como implicados otros directivos de Emaya, no guarda relación alguna con la denuncia interpuesta por el sector náutico el pasado mes de mayo. En efecto, la citación del periodista se produjo el 6 de noviembre de 2018, mucho antes de que la Asociación de Navegantes (ADN) presentara su escrito en el juzgado.

La investigación realizada por el del Servicio de Protección de la Naturaleza, con la colaboración del Servicio de Actividades Subacuáticas (GEAS), corrobora el grueso de las informaciones aparecidas en Gaceta Náutica y en El Mundo desde 2016, en las que se acredita el bajo nivel del saneamiento de las aguas residuales procedentes de las depuradoras públicas de Baleares y su vertido masivo al mar a través de tuberías submarinas.

Estas evacuaciones de aguas sucias están detrás de la desaparición de unas 600 hectáreas de la planta protegida posidonia oceánica en la Bahía de Palma, donde buceadores de Gaceta Náutica encontraron, a 15 metros de profundidad, una sustancia gelatinosa de color rojo que resultó ser un tipo de cianobacteria. 

Un estudio realizado por la Universitat de les Illes Balears (UIB) con muestras aportadas por los periodistas confirmó que los vertidos fecales de los emisario provocan la aparición de esta especie de “tapetes”, que a su vez impiden la función clorofílica de la posidonia y provocan su paulatina desaparición.

La zona más castigada por el deficiente saneamiento de las aguas residuales está situada en plena costa de Palma, frente a las playas urbanas de Can Pere Antoni y Ciudad Jardín, punto de vertido de la depuradora principal de la capital balear, aunque la situación es muy precaria en el conjunto del litoral balear.

En los últimos dos años, tras desvelarse las graves carencias del tratamiento de las aguas que llegan al mar, se han producido numerosos cierres al baño de las citadas playas, al entender las autoridades que existía peligro para la salud pública.

Estos episodios son recurrentes cada vez que se produce una tormenta, ya que las canalizaciones de las aguas pluviales están conectadas con las de las fecales y se produce el desborde de la depuradora. En estos casos la contaminación es muy elevada, puesto que los materiales vertidos no han recibido ningún tratamiento. Un vídeo grabado con una cámara remota por Gaceta Náutica el 13 de septiembre de 2018 muestra cómo la tubería ubicada frente a Es Portitxol arroja todo tipo de detritos, incluidas compresas y maquinillas de afeitar, apenas unas horas después de una breve pero intensa precipitación en el centro de Palma.

Emaya, la empresa pública responsable del tratamiento de las aguas, reconoció en mayo de 2016 que la depuradora del Coll den Rebasa, construida hace 46 años, no purgaba “ni fosfatos ni nitratros ni el 15% de las heces”. Su entonces presidenta, Neus Truyol, dijo que las deficiencias del saneamiento no se podían “negar ni ocultar” y el responsable del ciclo del agua, Jaime Femenías, declaró que la Estacion de Depuración de Aguas Residuales del Coll den Rebassa no estaba adaptada a la normativa, así como que su situación era “alegal”.

"Necesitamos construir urgentemente una nueva depuradora, que costará unos 200 millones de euros que debe aportar íntegramente el Estado central, ya que el Govern no tiene ese dinero", anunció Truyol. Las inversiones, sin embargo, no han llegado en los últimos tres años y los vertidos se han seguido produciendo.