La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, ha imputado a los responsables de la sociedad maltesa propietaria de la mitad del duty free del puerto de Palma investigado por fraude fiscal. Un informe de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) cifra en aproximadamente 480.000 euros la cantidad defraudada en el ejercicio de 2015.

Según sospecha la juez responsable de la incoación del sumario del caso Puertos, la empresa SGM Retail obtuvo en 2020 una ampliación de la concesión para explotar la tienda libre de impuestos de la estación marítima de Palma contra el criterio de los servicios jurídicos de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y sin ninguna justificación, ya que en aquel momento estaba paralizada la actividad de los cruceros debido a la pandemia.

La investigación apunta a que el entonces vicepresidente del organismo portuario, Miquel Puigserver, quien participa en SGM Retail a través de una sociedad llamada Mediterránea 2000 de Limpiezas y Servicios, S.L., se prevalió de su amistad para convencer al presidente, Juan Gual, a fin de que le otorgara a dedo una autorización de ocupación temporal. Este hecho se sustanció en la reunión del Consejo de Administración de la APB de aquel año. La juez recalca en un auto comunicado la semana pasada a las partes personadas en el proceso que la concesión de autorizaciones temporales es una función que está delegada en la figura del presidente.  

Las indagaciones judiciales en relación a este supuesto amaño revelaron con posterioridad que SGM Retails carecía, al parecer, de permisos aduaneros para desarrollar su actividad y que podría haber estado defraudando importantes cantidades de dinero a través de ventas exentas de IVA.

La Guardia Civil descubrió que la empresa investigada estaba participada por una sociedad con sede en Malta (Salvo Grima Group Limited). Su CEO y su responsable de operaciones en África han sido citados a declarar ante la justicia española “en calidad de investigados y con todos los apercibimientos legales”.  La compañía maltesa se presenta en su página web como especialista en la distribución de alimentos, higiene personal, artículos de papelería y tabaco. Es decir, los productos habituales que se comercializan en los duty free.

También deberán declarar ante la juez como investigados los administradores y responsables españoles de SGM Retails, cuya sede fue objeto de un registro por parte de la Guardia Civil la pasada semana. Los documentos incautados en esta operación -la contabilidad real de la sociedad- será comparada con las conclusiones a las que ha llegado la AEAT, que cifra en medio millón de euros el montante del fraude.

La investigación de esta pieza separada del caso Puertos se ha desarrollado en secreto durante más de dos años. Su origen está en la detención de Juan Gual y en el registro de la sede de la APB llevado a cabo en julio de 2020. Gual ocupaba el cargo de presidente de este organismo desde 2015, año en que fue propuesto para el cargo por la entonces presidenta balear, Francina Armengol, a pesar de la reciente suspensión de pagos de su empresa y contra la opinión de sus socios en el gobierno de coalición, que llegaron a calificar al elegido como representante de la "casta oligárquica" mallorquina.

El caso Puertos se encuentra actualmente en fase de instrucción. Esta información se basa en el contenido del auto de levantamiento parcial del secreto de sumario de una de las piezas que lo componen. Todas las personas y entidades referidas conservan, por tanto, su plena presunción de inocencia.