El Govern balear ha presentado alegaciones a la reforma del Reglamento General de Costas que ajusta los límites de las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre. Esta decisión responde a “la preocupación por la adecuación de estas modificaciones a las necesidades reales del entorno costero de las Islas Baleares y a los procesos legales requeridos para su implementación”.

En este contexto, la Conselleria del Mar de Baleares subraya su compromiso con la salvaguardia del dominio público marítimo-terrestre. La administración autonómica considera que el proyecto de reforma, propuesto después de la anulación del Reglamento de Costas de 2022 por el Tribunal Supremo a causa de la omisión de la consulta pública, “no refleja adecuadamente los intereses y necesidades de la comunidad insular”.

El Ejecutivo autonómicos considera que la consulta pública previa “se ha realizado sin facilitar a la ciudadanía el acceso a documentos claros y concisos y sin la información necesaria para una participación informada”. Esta deficiencia, señala el Govern, “va en contra de lo que se establece en el artículo 133.4 de la Ley 39/2015”, lo que equivale de facto “a una falta de consulta”. En las alegaciones se aboga por la realización de una nueva consulta pública previa que cumpla con todas las garantías legales.

También se cuestiona la necesidad de modificar el Reglamento General de Costas de 2014 por motivos relacionados con el cambio climático. Las preocupaciones que se pretenden abordar, según señala la Conselleria del Mar en una nota oficial, “ya están contempladas en la Ley de Costas de 1988, su modificación de 2013, el mismo reglamento de 2014, y en la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española de 2017”.

“La reforma del Reglamento General de Costas presenta objetivos imprecisos e innecesarios, especialmente en la modulación y limitación de la duración de las concesiones, así como en la introducción de procedimientos de concurrencia competitiva sin justificación clara”, añade el comunicado.

La propuesta incluye el desarrollo reglamentario de definiciones legales que implican nuevas delimitaciones, “incorporando terrenos colindantes al dominio público marítimo-terrestre de manera injusta e incluso, en algunos casos, ilegal”. Las modificaciones sugeridas “carecen de una necesidad demostrada y podrían violar principios de legalidad y coherencia normativa. Existen alternativas menos disruptivas para corregir errores, que permitirían abordar las preocupaciones sin alterar significativamente el marco regulador actual”.

El Govern considera que “se tienen que explorar soluciones alternativas, tanto reguladoras como no reguladoras, a la modificación del reglamento; estas medidas evitarían la eliminación de ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre, una acción que no reconoce el valor social y económico del litoral. Esta perspectiva es crucial, especialmente en una comunidad como las Islas Baleares, con una geografía insular y un sector terciario predominante”.