Es tan contagiosa como el Covid19. No mata personas físicas, su objetivo son valores de esos que, incapaces de crearlos, se hacen jugosos a ojos de los gestores de visión extremadamente limitada cuya meta fundamental es ser mantenidos por el estado sin importar los méritos alcanzados y cuidar (me gustaría decir a capa y espada, pero implicaría algo caballeresco) su cómodo statu quo.
La extorsión, “un delito en el cual se intenta conseguir cualquier tipo de beneficio económico, judicial o propiedades mediante la amenaza, la fuerza o el engaño”, tiene formas sutiles (en su acepción de poco perceptible) muy utilizadas por la Autoridad Portuaria cuando a ésta le conviene. Este salvavidas administrativo viene tan a mano para tapar o neutralizar la ineficiencia y malas prácticas, que ningún gobierno, del partido que sea, tuvo jamás interés en cambiarlo.
La APB actúa, de vez en cuando y para hacer valer su autoridad indiscutible, utilizando el tiempo en su favor y a destajo. Desde demorar un permiso para un evento hasta aceptar denuncias a un concesionario por errores cometidos por la misma APB, demorar más de un año un permiso de ocupación de una terraza, o tardar más de un año en devolver el importe de una factura eléctrica (80.000 euros) erróneamente cobrado. Esto suena a procedimiento normal, pero a una concesión, una medida restrictiva “a ser confirmada” le hace reducir a sus ingresos (el canon hay que seguir pagándolo rigurosamente), obliga a contratar abogados para neutralizar la medida, y a veces significa entrar en una lista negra de concesionarios que influirá en la próxima solicitud para una adjudicación. Estos procesos pueden llevar años, y son extorsión tan pura y dura como una amenaza de agresión o de secuestro, sólo que esta forma es todavía legal y tolerada. Es la danza macabra de la APB.
El anuncio de la negativa de la Autoridad Portuaria de Baleares a renovar la concesión del Real Club Náutico de Palma se deja ver ya como otro caso del tipo al que la APB nos tiene acostumbrados. El primer paso fue, en 2019, recibiendo del entonces presidente de la APB el beneplácito de una renovación por 20 años, y con la bendición del Ministerio de Fomento, gran cortador del bacalao náutico y marítimo en España e instancia superior de Puertos del Estado. La APB contradice la declaración el día anterior a las elecciones de presidente del RCNP, cosa que hace a fin de “dejar trazo”, tenga razón o no. Esto no es política ni gestión, es bajeza.
El segundo paso es el del anuncio de no renovación de la concesión por un tecnicismo administrativo, semejante a lo que se esgrimió para no otorgar la renovación de la concesión del Club Náutico de Ibiza al no haber incluido el IVA en la oferta presentada. Una empresa (AYS) con la que colaboré para presentarnos a la concesión que ahora es STP cometió el mismo error en 2005. El aquel momento director del putifundio portuario nos dejó inmediatamente fuera de concurso y después de más de un año se dictaminó que un error así no era causa por la que eliminar a un candidato, si se solucionaba en 72 horas. La concesión, ganadora, la perdimos por “razones técnicas”. 16 años después vuelven a las andadas con el mismo argumento contra el Náutico de Ibiza.
Un club náutico y su concesión puede ser algo complicado de gestionar, pero les aseguro que con los recursos de la Administración del Estado, no se necesitan 14 meses para poder aclarar o resolver estas cuestiones, ni mucho menos. En los 14 meses ya están descontados los dos meses de vacaciones de Navidad 2019-2020 y 2020-2021, además de las vacaciones de verano, así que la demora no debería haber sido por estrés, ya que sus merecido descansos fueron disfrutados.
Ahora y con la situación del RCNP se abre un período de planteamientos, ruegos, reuniones en Palma y en Madrid, que van agotando el tiempo establecido para presentar alegaciones y cuyo propósito es minar la capacidad del perjudicado de hacer valer sus derechos y reaccionar legalmente contra la medida anunciada. La APB demora las respuestas y sigue tirando de normativas interpretadas a su conveniencia, el tiempo juega a su favor, un derecho asumido no con una base jurídica sino por omisión: a la APB no se le ponen términos para resolver asuntos de cualquier índole: es ella la que los pone. Me parece escuchar nuevamente las palabras de Ángel Matías cuando ejercía como Sumo Sacerdote portuario (don Ángel era mucho mas que Director) y yo neófito: “Tenga cuidado Siches, las leyes las hago yo y tengo todo el tiempo del mundo para aplicarlas”.
EL RCNP ES MARCA ESPAÑA
Es improbable que el RCNP pierda sus instalaciones, al ser una autoridad de la náutica deportiva, un referente para toda España, haber llevado sus regatistas a podios desde locales hasta olímpicos, presentar en el exterior una cara de España que a nadie le conviene perder, el RCNP es tan tradicional como muchas otras entidades en España. Sus eventos “Trofeo Reina Sofía” y “Copa del Rey” son parte de la “Marca España”, una de las pocas cosas que últimamente une a los españoles y dan credibilidad en el exterior. La trascendencia del RCNP es superior a la de todas (y son muchas) las maratones de Palma que recibiendo ayudas (inclusive de la APB), ocupan espacio público y limitan el tráfico en días feriados. No estoy hablando mal de las maratones, donde es mas fácil participar que en una regata, pero el RCNP no solo es inocuo en lo que respecta a alterar la pax ciudadana, sino que trae mucho dinero y trabajo a la ciudad en forma de estadías, comidas, compras, taxis, buses y bares que frecuentan los participantes y sus acompañantes.
En Mallorca tenemos historia y fama, y la fama va mucho mas allá de las tumbonas, parasoles, paella, sangría y sol a raudales. Tenemos vinos de sueño y dos denominaciones de origen, la Catedral de Palma, la sobrasada, Santa Eulalia, la Lonja, el aceite, Es Baluart y el faro de Porto Pí. Es lo que nos diferencia ser un destino turístico de calidad en vez de un lugar turístico. Destino turístico que el Govern local y el gobierno Central definen, si se explota racionalmente, como la solución para resolver la crisis actual.
Mallorca es un todo, un balance de mil factores que funcionan al unísono armónicamente. El RCNP y la náutica pertenecen a esos elementos que definen calidades, igual que el golf o la academia de Rafa Nadal, los hoteles de 5 estrellas o los restaurantes de alta cocina que no le cuestan un duro a nadie y además de traer duros dan trabajo, ese trabajo que hoy falta. Un destino turístico debe poder abastecer a todos los niveles y mejorar la calidad de vida de quienes trabajan para ello.
En el predio del RCNP no se puede hacer un hotel (por la ley de Puertos), es medioambientalmente neutro, y sostenible. La APB y su danza macabra están a 500 metros geográficos y a varios años luz de distancia cultural y social de comprenderlo, aspectos que nunca les han interesado. Tienen un grave problema futuro si pierden el juicio por 40 millones que un concesionario les está haciendo por no haber sido honestos con la concesión de megayates en el muelle de La Marina en el puerto de Ibiza, y les será difícil salir de ésta, porque el abogado de los demandantes fue Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona y se conoce la legalidad portuaria española al dedillo.
Es lo que a veces les pasa a quienes se creen invencibles: de repente está allí David, con su honda preparada, aprovechando el descuido del gigante. Hace un año nos mostraron que no sabían tomar decisiones para la adjudicación del extremo de los muelles comerciales, con lo que congelaron el trámite escudándose en informes a solicitar y verborragia impresa, muy normal en ellos que deberían ser los que saben de puertos y leyes portuarias.
¿Querrá la APB marear la perdiz con el RCNP para ir ocultando sus otras criticables actuaciones? No es la primera vez que recurren a algo así, y en eso, debo reconocer, son maestros con una astucia casi imbatible y el, hasta ahora, respaldo del Estado.