En más de una ocasión he defendido que en determinadas aspectos de la cosa pública no debería ser la ideología la que primara en la toma de decisiones. Evidentemente esto en sí mismo también es ideología. Veamos a qué me quiero referir.

Como empresario localizado en Alcudia hay cuestiones que me chirrían. Uno no alcanza a comprender cómo en Alcudia se pueden imponer determinadas actividades portuarias, por otra parte necesarias, que acarrean externalidades de carácter medioambiental, mientras otras actividades, que se localizan y expanden sin ningún problema en puertos como el de Palma, están vetadas en Alcudia. Me estoy refiriendo a la actividad de reparación industrial de embarcaciones de recreo, o a la actividad misma de oferta de atraques.

Recientemente los órganos ambientales de nuestra Comunidad Autónoma han vetado inversiones que no han tenido ninguna oposición en otros destinos, tanto en el ámbito de Puertos del Estado como en el ámbito autonómico. Estos vetos se han “argumentado” con informes de opinión cargados de ideología que incluso contradicen las directrices del propio Ministerio de Transición Ecológica para este tipo de obras (véase obras en puertos autonómicos como Andratx o Cala Ratjada, por identificar algunos).

Esta situación tan chocante no solo se ha producido en asuntos portuarios, sino que también la hemos observado en la reciente compra de la central eléctrica de Alcudia por parte del Consell Insular de Mallorca.

Nada más lejos de mi intención que criticar la decisión adoptada, máxime con el proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Alcudia, Alcudia Tech Mar. Sin embargo, después de décadas de abandono y con más que posibles problemas medioambientales por no dar respuesta a la necesaria descontaminación del suelo, a uno le surgen muchas dudas y preocupaciones.

¿Por qué han pasado tantos años y quién tuvo la responsabilidad durante este tiempo por los daños que se hayan podido producir en el medio ambiente? ¿Por qué no se ha aplicado en este caso la norma de “quien contamina paga”?

¿Por qué era tan malo un inversor al que se acusó de ser un fondo extranjero especulativo, sin ninguna evidencia, pero nadie se ha preguntado quiénes eran los propietarios de los terrenos adquiridos?

¿Por qué era tan malo que una empresa, a cambio de asumir el coste de la descontaminación, obtuviera un rendimiento urbanístico para recuperar su inversión como de hecho ha llevado a cabo en otros lugares con similar problemática? ¿Por qué si no gustaba el uso residencial no se le ofreció la posibilidad de desarrollar espacio industrial logístico, o incluso viviendas para los residentes de Alcudia tan necesarias?

Y puestos ya a evidenciar contradicciones, ¿cómo es posible que se impulse sin ningún impedimento por parte de las autoridades ambientales el desarrollo de un emisario en la bahía de Alcudia, pero no hayan prestado ningún interés al emisario existente en una zona tan preciada como Aucanada? Quiero recordar que tuvo que ser el Ayuntamiento de Alcudia quien resolviera el grave problema de obsolescencia de la depuradora.

La lista de preguntas podría alargarse unos cuantos folios. Pero lo que a todas luces parece evidente es que nos encontramos ante un caso flagrante en que las decisiones se toman desde la ideología y no desde criterios técnicos medioambientales ampliamente reconocidos. Y así estamos.