La presidenta del tribunal del concurso de selección de docentes de Baleares fue advertida el pasado 5 de junio de la obligatoriedad legal de que los profesores de las materias náuticas profesionales fuesen marinos titulados, circunstancia que no ha sido tenida en cuenta en la elaboración de las listas definitivas y ha derivado en la interposición de una denuncia por prevaricación ante la Fiscalía de Baleares.

La funcionaria máxima responsable del reparto de plazas, que además ejerce el cargo de jefa del Departamento de Inspección Educativa de la Conselleria de Educación y Formación Profesional del Govern balear, recibió ese día en su cuenta de correo electrónico un mensaje en el que uno de los profesores interinos de la Escuela Nauticopesquera de Palma le exponía de manera pormenorizada los requisitos de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) exige para que los títulos sean homologables; estos se resumen en la necesidad de que los docentes acrediten poseer la titulación de marinos mercantes.

La carta dirigida a la presidenta del tribunal señala lo siguiente en su párrafo final: “En la seguridad de que sabrá entender la necesidad de exponer todo lo anterior [las leyes y decretos que regulan las titulaciones náuticas] en orden a prevenir situaciones que puedan ser difícilmente reversibles si se confirma la adjudicación de plazas NIM a docentes que no cumplan la normativa exigida por el Estado, quedo a su disposición para ampliar cualquier detalle que precise sobre el tema que nos ocupa”. Pero no hubo respuesta.

Diez días después de esta comunicación, el 15 de junio, trascendió que seis de las siete plazas de la Nauticopesquera habían sido otorgadas a especialistas en otras materias y sin ninguna experiencia, haciendo caso omiso a las advertencias por escrito de los docentes afectados y a un dictamen de la DGMM realizado a instancias del Colegio Oficial de Marinos Mercantes.

El contenido de este documento, revelado en exclusiva por Gaceta Náutica, señala que “cualquier desviación o incumplimiento en relación a la idoneidad del profesorado con respecto del Convenio STCW y del marco regulatorio de la formación y títulos profesionales de la marina mercante supondrá el NO RECONOCIMIENTO de los estudios de formación profesional para la obtención de los títulos profesionales en los centros de que imparten formación profesional náutica en el ámbito territorial de Illes Balears”.  

PEDIR PLAZA A VOLEO

Uno de los docentes seleccionados de manera irregular ha reconocido que solicitó plaza en el centro de formación náutica “como último recurso”, por si no era seleccionado en otro destino –como así ha sido–, y se ha mostrado dispuesto a renunciar a su puesto. Al parecer, algunos sindicatos educativos  “metieron miedo” e instaron a los profesores interinos a apuntarse a voleo en todas las disciplinas “para no perder el trabajo”.

En uno de los listados provisionales de seleccionados para impartir las asignaturas de Navegación y Máquinas se coló un filósofo sindicalista que alegó haber pedido esta plaza, para la que carece de todo conocimiento, como acto reivindicativo y con el fin de demostrar la injusticia y la falta de criterio del concurso de méritos dirigido en Baleares por la Conselleria de Educación. El objetivo de este proceso era “estabilizar” el sector educativo mediante la conversión de interinos en funcionarios, pero el resultado ha sido un seísmo que, si bien ha tenido su epicentro en la enseñanza náutica, está afectando a casi todos los grados de formación profesional.

La denuncia en Fiscalía de siete docentes de la Escuela Náutica Pesquera va dirigida contra los funcionarios de Educación que no tuvieron en cuenta las exigencias legales en materia náutica a la hora de convocar el concurso de méritos y los que, pese a las reiteradas advertencias en tal sentido, han seguido fort i no et moguis con el proceso.

Javier Carbajosa, uno de los profesores denunciantes, declaro ante los micrófonos de Gaceta Náutica Radio que, en el transcurso de una reunión presencial que tuvo lugar el pasado 30 de mayo, un miembro de la Dirección General de Personal Docente indicó que la Conselleria de Educación no se sentía vinculada por la legislación marítima: “Nos respondió que ellos sólo atienden a leyes educativas y que lo que diga Marina Mercante les daba igual”.