Solo hace tres meses, el 1 de enero, entró en vigor el llamado bono europeo del CO2 al transporte marítimo, el régimen de comercio de derechos de emisión, los ETS en sus siglas en inglés. Esta medida que en teoría es un acicate para que las navieras impulsen la implantación de fuentes de energía limpias en sus buques, supone en la práctica un coste por barco y año de entre cinco y seis millones de euros que inevitablemente gravará las mercancías que transporta y los precios finales en los supermercados que pagamos los consumidores.

Ahora, el propio Ministerio de Transportes, en boca de su titular Óscar Puente, pide que se revise esta medida pues existen riesgos “de fuga de carbono, pérdida de competitividad portuaria y de control sobre la soberanía comercial de la Unión Europea, debido al desvío del tráfico marítimo a puertos vecinos no europeos para evitar los costes de los ETS”.

Puente presidió ayer la reunión celebrada en Bruselas para analizar el impacto de la extensión del ETS al transporte marítimo y compartir posibles medidas para mitigarlo.

Durante el encuentro, organizado a petición del Gobierno de España, el ministro ha defendido que se establezcan mecanismos de vigilancia de los efectos de la Directiva puesta en marcha el pasado 1 de enero, ante el impacto que pudiera tener sobre el transporte marítimo y la actividad de los puertos europeos. Asimismo, ha presentado a sus homólogos europeos una declaración para solicitar activar una serie de medidas dirigidas a vigilar las posibles consecuencias de la extensión del sistema de derechos de emisión, como, por ejemplo, los desvíos de rutas.

La declaración presentada ante la UE por el ministro español recoge las peticiones expresadas tanto por los países de la zona mediterránea como por el propio sector portuario y, entre otros puntos, incluye:

1. Una evaluación de riesgos en el mecanismo de seguimiento para poder anticipar posibles desvíos de ruta.
2. Instar a la Comisión a comenzar a diseñar medidas que se aplicarían en caso de desvíos de ruta, con el objetivo de enviar una señal al mercado.
3. Establecer una red de puntos focales nacionales para intercambiar información sobre el análisis y seguimiento a nivel nacional de la aplicación de la Directiva al sector marítimo, para compartir periódicamente esta información con la Comisión Europea.

El bono europeo del CO2 al transporte marítimo preveía una exención de la tasa para las islas con menos de 200.000 habitantes y ultraperiféricas, lo que convirtió a Mallorca en la única isla española en la que las navieras tendrán que pagar esta nueva tasa. Por este motivo, el conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente pidió en noviembre que la exención insular incluya también a la mayor de las islas del archipiélago balear.

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