
Martí March, conseller de Eduación cuando se ignoraron los avisos de la Marina Mercante.
La Fiscalía de Baleares ha recibido la segunda denuncia por la falta de capacitación de los nuevos profesores con plaza de funcionario en el Centro Integral de Formación Profesional Nauticopesquera de Palma. En esta ocasión ha sido un grupo de alumnos el que ha requerido la intervención del Ministerio Público para que investigue si los técnicos de la Conselleria de Educación que otorgaron las plazas a los docentes sin experiencia ni el título obligatorio de marino profesional cometieron algún delito, ya que fueron reiteradamente advertidos por la Dirección General de la Marina Mercante de la invalidez de la formación si no se corregía esta circunstancia.
Los alumnos solicitan a la Fiscalía que dé por formulada denuncia “contra la autoridad o funcionario público del Govern de les Illes Balears” que, a su juicio, les impide recibir “una educación de calidad ajustada a la normativa vigente (…), y que “inicie de oficio, a la mayor brevedad posible con objeto de no causar mayores trastornos en este curso escolar, una investigación”.
En su escrito, los denunciantes dejan constancia de todas las normativas nacionales e internacionales que regulan las titulaciones profesionales y recuerdan que la Escuela Nauticopesquera fue advertida el pasado mes de mayo por la Marina Mercante de que “cualquier desviación o incumplimiento en relación a la idoneidad del profesorado (…) supondrá el no reconomiento de los estudios de formación profesional para la obtención de los títulos profesionales”.
La Conselleria de Educación, dirigida en aquel momento por el socialista Martí March, hoy alcalde de Pollença, hizo caso omiso a este aviso y otorgó tres de las plazas de profesor de la Nauticopesquera a profesionales sin ninguna vinculación previa al mar: una pianista, una psicóloga y un químico, quienes tomaron posesión de su nuevo trabajo al inicio del curso.
La consumación de este hecho dio pie a una inspección de la Marina Mercante, que ha otorgado un plazo de entre tres y seis meses, según las fuentes, para resolver la situación antes de iniciar los trámites para retirar la homologación al centro. Ante esta posibilidad, medio centenar de alumnos se manifestaron el pasado 17 de octubre ante la sede de Educación y posteriormente presentaron la denuncia en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Los alumnos denunciantes ante la sede de la Fiscalía.
El portavoz de los estudiantes, Michael Méndez -un hombre de 37 años que cerró su negocio de carpintería y decidió invertir sus ahorros en formarse como marino profesional-, lamentó que el derecho de los profesores inexpertos a disfrutar de su plaza de funcionarios se haya puesto por encima del suyo a recibir una formación válida para poder acceder al mercado de trabajo.
Con anterioridad, y argumentos muy parecidos, varios profesores de la Nauticopesquera habían pedido también la intervención del Ministerio Público.