JOSÉ LUIS MIRÓ
La situación de incertidumbre con la que el Real Club Náutico de Palma ha entrado en el nuevo año, fruto de la expiración de su concesión el pasado 31 de diciembre, no es atribuible al Estado central, sino que recae plenamente en la dirección y el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), el ente público de “cogestión” de los puertos de interés general del archipiélago.
“Si el futuro del RCNP dependiera de Puertos del Estado, ahora mismo se estaría tramitando su expediente de renovación sin mayor problema”, afirma Jaime Carbonell, director del RCNP.
“Que nadie se engañe –añade–: el enemigo no está en Madrid, sino en Palma. Nuestro problema se deriva de que el director de la APB, Jorge Nasarre, ha decidido ignorar la opinión de los servicios jurídicos de Puertos del Estado para impedir que el club pueda ejercer un derecho. Esto es exactamente lo que ha ocurrido y lo que nos ha llevado a tener que gestionar nuestras instalaciones mediante una autorización temporal, comprometiendo el futuro de una entidad con 75 años de historia y cuya aportación social es indiscutible”.
¿Pero qué concluye ese famoso informe al que siempre apela el Real Club Náutico de Palma para defender su posición? ¿Es en verdad tan contundente o existe algún matiz?
Gaceta Náutica ha tenido acceso a una copia del documento y, en efecto, no da pie a interpretaciones. El jefe de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, José Antonio Morillo, afirma de manera taxativa que el club debió obtener en 2003 un título concesional “adicional y expreso” (el cual le daría derecho a la prórroga), y recuerda que un dictamen previo del Consejo de Estado ya reconoció “el derecho que asiste al RCNP para solicitar una concesión de dominio público de cara a continuar con la actividad y regularizar su situación”.
Más adelante aclara que no se trataría de una concesión ex novo, sino retroactiva, con el objeto de consolidar la “situación jurídica” que le correspondía al RCNP desde 2003 y que no se formalizó en su día por la negligencia de la Autoridad Portuaria, que debió instar la conversión del contrato de servicios del club (extinguidos por la modificación de la Ley de Puertos) en una concesión. De haberse producido esa transformación, hoy no existiría impedimento para la tramitación de la ampliación de plazo.
Puertos del Estado, por tanto, considera que la APB no sólo debería haber emplazado al RCNP a cambiar su situación jurídica hace 20 años; también cree que, al objeto de enmendar aquel error, tendría que otorgarle ahora una concesión demanial retroactiva desde la fecha del cambio de la Ley hasta el final de 2022, algo a lo que se opone frontalmente Jorge Nasarre y que el actual presidente de la APB, Jaume Colom, asegura estar “estudiando”. La decisión no está tomada, pero el tiempo va en contra del club: las ocupaciones temporales tienen una duración máxima legal de tres años.
DIFERENTE RASERO
Nasarre, según informó este medio, no tuvo impedimento en seguir a pies juntillas la postura de los servicios jurídicos de Puertos del Estado a la hora de planificar los usos del Moll Vell de Palma que han permitido la ampliación de la superficie y el plazo de la concesión del varadero de Serveis Tècnics Portuaris.
El permiso provisional otorgado el pasado 30 de diciembre al RCNP condiciona su duración a la tramitación del expediente de ampliación de plazo o a la convocatoria de un concurso cuyas bases se desconoce, de momento, si contemplarán la obligatoriedad de realizar una función deportiva reglada por las federaciones de vela y piragüismo o, por el contrario, se limitarán a la actividad propia de una marina.
La autorización de ocupación temporal se otorgó con los votos a favor de todos los consejeros de la APB presentes en la reunión del 30 de diciembre, a excepción de uno de los representantes del Govern de les Illes Balears, Antoni Alorda (Més per Mallorca), que decidió abstenerse. No asistieron la delegada del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol (Més per Mallorca), y otro de los miembros que actúan en nombre del Ejecutivo, Juan Pedro Yllanes (Podemos). Tampoco participó el representante del Consell Insular de Ibiza, Rafael Torres.
Alorda, presidente de la Comisión Balear de Medio Ambiente, se ha significado por su escasa simpatía por los clubes náuticos, y en general por todo cuanto concierne a la náutica de recreo. Según costa en una de las actas de la APB donde se debatió el futuro del Club Náutico de Ibiza, el dirigente de Més se mostró “partidario de optar por el concurso” y añadió: “Hay que evitar que los clubes náuticos se sientan propietarios del dominio público, ya que el pasado no legitima el futuro”. A su juicio, las ampliaciones de plazo contempladas en la Ley de Puertos del Estado y de las que se han beneficiado más de 400 operadores portuarios en toda España son “anómalas”.
